14 de septiembre de 2019
14.09.2019

Los condenados de "Marea" recurrirán al Constitucional, pero no evitarán la prisión

El Supremo baja las penas a Riopedre, Otero y los empresarios por dilaciones

14.09.2019 | 01:04
Iglesias Riopedre entrando al juzgado en 2017.

El Tribunal Supremo ha hablado por fin, dos años después de la sentencia del "caso Marea" dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial, y no se ha salido mucho del guion. Los cinco principales condenados no podrán evitar el ingreso en prisión, que se producirá en un plazo de dos meses como máximo -según estimaciones de los letrados-, pero la mayor parte de ellos, salvo la funcionaria Marta Renedo, han visto reducidas las penas impuestas por la Audiencia, unos más que otros. En primer lugar, porque el tribunal aprecia la atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, de la que culpa no a los instructores, como siempre se ha dicho, sino a la fase intermedia y al juicio oral. Estas dilaciones indebidas son lo que le permiten ver rebajada su pena al exconsejero de Educación socialista José Luis Iglesias Riopedre, que pasa de una condena de seis años a otro de cinco años y dos meses, al igual que el empresario Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, quien tiene recurrida una condena de cinco años por delito fiscal. A Riopedre se le absuelve del delito de fraude y exacciones ilegales.

En cuanto a la exdirectora general María Jesús Otero, mano derecha de Riopedre, ve reducida su condena de nueve años y medio a cinco años y cinco meses. Por las dilaciones indebidas, pero también porque se subsumen en el delito continuado de prevaricación los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, y malversación de caudales públicos, lo que la beneficia en una rebaja de cuatro años. El más beneficiado sin duda es el empresario Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), a quien el tribunal libra de los delitos de malversación y falsedad, aunque no del de cohecho, lo que reduce su pena de seis años y medio a dos años y ocho meses. Sánchez tiene pendiente una condena de ocho años de prisión por delito fiscal.

La que no ha obtenido ninguna rebaja es la funcionaria Marta Renedo, con la que se iniciaron las investigaciones allá por febrero de 2010, hace casi diez años. Renedo se queda con los nueve años de cárcel que le impuso la Audiencia. En cuanto al resto de los acusados, el empresario Antonio Azorín (Nora) mantiene ocho meses de cárcel; Maximino Fernández, de Asac, ve reducida su condenado de un año y nueve meses a un año, y Francisco Javier Juárez, quien fuera responsable de compras del Ayuntamiento de Mieres, se queda con una multa de cuatro meses, a razón de 12 euros diarios. Mención aparte merece Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero Riopedre, que fue condenado al pago de 99.000 euros como responsable a título lucrativo. El Supremo descarta ahora esa responsabilidad.

Los letrados de los principales condenados estudiarán ahora la posibilidad de un recurso ante el Constitucional, el horizonte que muchos se marcaban desde el principio. Esto no evitará, sin embargo, que ingresen en prisión. La fecha en la que esto se producirá es impredecible. No se descarta que se soliciten del Supremo aclaraciones a la sentencia y el proceso de ejecución de la misma por parte de la Audiencia podría dilatarse. Alguno de los acusados podría incluso solicitar el indulto. Una vez notificada la sentencia, se dará trámite a las partes para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión. La Fiscalía y las acusaciones particulares ya han mostrado su intención de solicitarla. Ayer, ni la Fiscal Superior, Esther Fernández, ni la fiscal del caso se pronunciaron, al no haber estudiado aún el fallo.

María Jesús Otero, la reducción más importante, cuatro años


Ana María Muñiz Casares, letrada de María Jesús Otero, se mostró "moderadamente satisfecha" con la reducción de más de cuatro años que ha dictado el Supremo para la exdirectora general de Planificación. "Las cosas no han salido mal, teniendo en cuenta las peticiones iniciales", indicó. Eso no impide que vaya a estudiar la carta del recurso al Constitucional para solicitar la nulidad de la actuaciones, pese a que la clave para ello, las escuchas telefónicas, haya sido refrendada por el Supremo. Para la letrada es importante que se hayan caído de la sentencia asuntos como el material del centro cultural de San Julián de Bimenes y otros cuatro centros, motivado por el hecho de que ni el Principado, ni la Fiscalía, ni las acusaciones populares hubiesen llamado a declarar a los directores de los mismos.

Riopedre: la edad no es obstáculo


Las fuentes consultadas indicaron que la edad de Riopedre, que cumple 80 años en noviembre, no impediría su ingreso en prisión, incluso aunque sufriese algún tipo de enfermedad.

Muñiz, una reducción mínima y con una condena fiscal pendiente


El letrado del empresario Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Miguel Valdés-Hevia, mostró una relativa satisfacción por la reducción de un año y tres meses de la que se ha beneficiado. Este acusado planteó hasta 40 motivos de recurso ante el Supremo, algunos de los cuales fueron escuchados. "Presumiblemente acudiremos al Constitucional, aunque es decisión del cliente. La idea era llegar hasta ahí", indicó. El recurso no evitaría el ingreso en prisión, añadió. En cuanto a la condena fiscal de cinco años que tiene recurrida, su cumplimiento máximo sería de tres años.

Dapena: "Hemos pasado de 20 años a dos; no hay que prejuzgar"


Javier Díaz Dapena, abogado defensor del empresario Alfonso Carlos Sánchez, se mostró relativamente contento por la sensible reducción de la condena. "Nos acusaban de tres delitos y solo ha quedado en uno. Es una muestra de que la verdad jurídica no se corresponde con la verdad de la opinión pública. Al principio se hablaba de penas de hasta cincuenta años, luego nos pedían más de veinte y se ha quedado en dos. No hay que prejuzgar", indicó. El letrado añadió que analizará la sentencia por si hay vicios de nulidad y estudiará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Para el letrado, su defendido no necesariamente tendría que entrar en prisión. "Hay alternativas a la ejecución de la sentencia. No creo que haya urgencia en que mi defendido ingrese en prisión. Llevan diez años fuera y no se han sustraído a la acción de la Justicia", finalizó.

El abogado de una víctima de Renedo: "Se ejecutará en breve"


Antonio Pineda, letrado de una de las mujeres cuya identidad usurpó la funcionaria Marta Renedo para abrir cuentas a las que desviar los fondos del Principado, se mostró satisfecho por el hecho de que a la avilesina no se le haya reducido la sentencia. "Lo más normal es que la Audiencia Provincial proceda a ejecutar la sentencia a la mayor brevedad posible, la semana próxima incluso". Pineda añadió que no es necesario siquiera que se pida a las partes su opinión sobre el ingreso en prisión de los acusados.

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