La oferta de empleo público del Principado para 2019 necesita unas dos mil plazas, según los cálculos que manejan los sindicatos de la función pública asturiana para reducir la elevada tasa de interinidad acumulada en los años de la gran recesión económica. La administración regional no realizó ningún proceso selectivo de personal en ese plazo y tampoco cubrió las plazas del personal jubilado por las restricciones que imponía la ley de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Rajoy para afrontar la crisis.
La consejera de Presidencia, Rita Camblor, y la directora general de Función Pública, Margarita Vega, avanzaron el pasado viernes las líneas maestras de la política en materia de personal para esta legislatura durante su comparecencia en la Junta General. El nuevo Ejecutivo autonómico tiene la "obsesión" de reducir la interinidad hasta el 8 por ciento, tal y como firmó el Gobierno central en marzo de 2017 con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, ante las sanciones dictadas por la Unión Europea contra España por el abuso de sus Administraciones públicas en la contratación de interinos. Fuentes sindicales de la administración autonómica reconocen "las buenas intenciones" de los nuevos gestores de la función pública del Principado pero tienen muchas dudas de que se pueda cumplir ese objetivo para una plantilla que ronda el 24 por ciento de interinos, según comentó la directora de Función Pública en la citada comparecencia parlamentaria.
Los sindicatos ya han planteado el interés en abordar de manera inminente la negociación de la oferta pública de empleo del Principado para 2019, que todavía está pendiente, tras el parón que supusieron las elecciones autonómicas y el cambio de Gobierno. Fuentes sindicales estiman en "cerca de unas dos mil plazas" el volumen de la oferta pública de empleo que se debería aprobar en este año para rebajar la tasa de interinidad al pretendido 8 por ciento. El Gobierno avanzó en la comparecencia parlamentaria que su intención es aprobar alrededor de unas mil seiscientas plazas.
