La consejera de Cultura, Berta Piñán, no pudo expresarse ayer en asturiano ante la Junta General por un vacío legal que ha sido interpretado de manera restrictiva por los servicios jurídicos de la Cámara, a raíz de una protesta formulada por los diputados del PP y Vox. Al final, prevaleció el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los cargos públicos a acceder en condiciones de igualdad al ejercicio de sus funciones.
"Como todo en derecho, es opinable", valoró José Manuel Pérez, letrado del Tribunal Constitucional y asturianista, que se ha pronunciado a favor de la oficialidad de la llingua y ha tenido ocasión de hacerlo, en asturiano, en la Cámara autonómica en la legislatura pasada.
El reglamento de la Junta General no prohibe en ninguno de sus 279 artículos y disposiciones adicionales el uso del asturiano. Su única referencia al empleo de la lengua regional tiene lugar en sentido positivo, en el artículo 11. donde se recoge el derecho de los diputados autonómicos a "utilizar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias". De hecho han sido varios los diputados reginales de legislaturas anteriores que hicieron la mayoría de sus intervenciones en asturiano como, por ejemplo, Xuan Xosé Sánchez Vicente, Andrés Fernández Vilanova, Concha Masa o Gaspar Llamazares o Francisco García Valledor, entre otros. También el anterior consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha hablado en asturiano en el hemiciclo pese a no ser diputado. Ese artículo nada dice de la situación de quienes no son diputados, como es el caso de los consejeros del Gobierno o de quien acude en calidad de invitado a una comparecencia. El reglamento de la Junta tampoco regula el derecho de los diputados que alegan no comprender una lengua que no es oficial.
¿Por qué en esta ocasión se ha vetado el uso del asturiano a la consejera de Cultura? Medió la protesta de dos grupos parlamentarios, el PP y Vox. Los populares ya se habían negado en la anterior legisltura a que los documentos de una comisión especial sobre el asturiano fueran bilingües, tanto en llingua como en castellano. Ante esa protesta, los servicios jurídicos del parlamento asturiano entendieron que prevale el derecho fundamental, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, de que la labor representativa se pueda hacer en condiciones de igualdad.
Una interpretación con la que discrepa José Manuel Pérez, especialista en Derecho Constitucional, quien argumentó que en el marco legal asturiano hay normas que avalarían el derecho de la Consejera a expresarse en llingua en el parlamento autonómico. El Estatuto de Autonomía recoge que el asturiano gozará de protección y que se promoverá su uso y difusión mientras que la ley de uso y promoción del asturiano regula establece que "todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito". Pérez recalca que esta ley es clara: "se refiere a todos los ciudadanos. ¿Acaso no lo son los consejeros del Gobierno?", plantea el jurista quien añade que la práctica parlamentaria admitía hasta ahora todas las intervenciones en asturiano. En opinión de José Manuel Pérez, prácticas como la de negar el uso del asturiano a la consejera de Cultura convierte todas estas normas de uso "en derecho vacío".
