04 de octubre de 2019
04.10.2019

El fiscal pide investigar al Rector por presunta prevaricación

García Granda, citado a declarar junto a un vicerrector y una directora de área por irregularidades en la selección de una plaza de profesor

04.10.2019 | 01:03

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo que se investigue al rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El máximo representante de la institución académica asturiana deberá declarar ante el juez en calidad de investigado el próximo martes día 15. También están citados el vicerrector de Organización Académica, Juan José del Coz (el día 10), y la directora del área de Derecho Financiero y Tributario, Isabel García-Ovies (el día 15). Los tres fueron denunciados por el aspirante a una plaza de profesor sustituto para el área de Derecho Internacional por supuestas irregularidades en el proceso selectivo. El Rectorado lamentó ayer que la querella trascendiera a los medios de comunicación, con "la exclusiva intención de dañar la imagen pública de la institución y de algunos de sus representantes".

Los hechos comienzan el 6 de septiembre de 2018 con la "convocatoria urgente de un concurso interino para la contratación -hasta el 31 de agosto de este año- de un profesor sustituto con dedicación a tiempo completo (240 horas) en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales". Se presentaron dos candidatos: la profesora que de noviembre de 2017 a agosto de 2018 había reforzado esa plaza, y un abogado externo, que hasta finales de 2017 había dado clases en la institución. La docente formula un recurso de alzada contra la convocatoria, que el rector Santiago García Granda finalmente admite.

Argumenta que el contrato corresponde a una concreta causa -la reducción docente por cargo académico de la defensora universitaria Paz Andrés-, "por lo que no procede efectuar nueva convocatoria ni poner fin al contrato de la recurrente". Sin embargo, el contrato laboral al que se refiere el Rector dice otra cosa, según el demandante: "No sólo fija la fecha final del 31 de agosto de 2018 sino que además señala que se concierta para la sustitución de la docencia temporal por cese de dos profesores asociados en la área de conocimiento", y no de la defensora universitaria.

Por todo ello, el candidato afectado -ahora defendido por Fernando Barutell- interpuso el 5 de noviembre una demanda contra la resolución del Rector, que fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, al entender que la Universidad incurrió en una desviación de poder. "Dicha sentencia no es firme y está recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia", señaló ayer el Rectorado en un comunicado.

"El demandante -continúa-, en una extraña forma de proceder y sin esperar a la resolución del Tribunal Superior, pidió la suspensión del procedimiento y presentó una querella por prevaricación contra el Rector, el vicerrector de Organización Académica y la directora del departamento; querella que los interesados entienden infundada e incluso temeraria". Ayer, Santiago García Granda se defendió con estas palabras: "Seguimos unos procedimientos muy reglados y siempre bajo supervisión de nuestros servicios jurídicos. Por tanto, aquí lo que se ha producido es que alguien se siente quizá maltratado y tiene algunas pretensiones".

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