05 de octubre de 2019
05.10.2019

Los condenados de "Marea" intentan reducir las penas en prisión con nuevos recursos

La Audiencia rechaza la solicitud de suspensión de condena del dueño de Almacenes Pumarín, y Riopedre espera la resolución sobre su petición

05.10.2019 | 00:09
Los condenados de "Marea" intentan reducir las penas en prisión con nuevos recursos

La Audiencia Provincial ha rechazado la solicitud del empresario Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, de suspender el ingreso en prisión mientras se resuelve su petición de indulto. Condenado a dos años y ocho meses de prisión y una multa de 1,9 millones de euros por el caso "Marea", el mayor que se ha juzgado en el Principado por corrupción, fue el primero en realizar esta petición. Su abogado, Javier Díaz Dapena, recurrirá ahora al Tribunal Constitucional, pero su representado tendrá que entrar el lunes en la cárcel, previsiblemente en el Centro Penitenciario de Asturias.

El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, también ha solicitado el indulto y la suspensión del ingreso en prisión. Su condena es de cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 400.000 euros. El mes que viene cumplirá 80 años y su salud es delicada, con problemas de corazón. Estos dos condicionantes son fundamentales para solicitar la suspensión de la condena si el indulto no prospera. Además, carece de antecedentes penales y ha mostrado su disposición a reparar el daño causado.

En cualquier caso, las fuentes consultadas indicaron que sus circunstancias personales también facilitarán que se pueda acoger a los beneficios del sistema penitenciario, que favorecerían el acogimiento al tercer grado, un régimen penitenciario de semilibertad.

Una portavoz de Instituciones Penitenciarias indicó ayer que los cinco condenados pueden presentarse hasta la medianoche del lunes en cualquier centro penitenciario de España, al tratarse ya de una condena en firme. Aunque añadió que "normalmente" lo hacen en su comunidad autónoma por arraigo familiar.

El Centro Penitenciario de Asturias sólo cuenta con un módulo de mujeres, el número 10, por lo que las dos condenadas, la exdirectora general de Educación, María Jesús Otero -también sopesa su recurso al Constitucional-, y la exfuncionaria Marta Renedo, que tiene la mayor condena, con nueve años, podrían optar por ir a una de las tres cárceles exclusivamente de mujeres que hay en España (Madrid, Sevilla y Ávila). Pero pueden quedar en la cárcel asturiana, donde ingresarían previsiblemente en el módulo mixto de la UTE.

A estos cuatro condenados se suma Víctor Muñiz, el propietario de Igrafo, condenado a cinco años y dos meses de prisión y una multa de 1,5 millones de euros. Su abogado, Miguel Valdés-Hevia, recurrirá la sentencia al Constitucional por vulneración de derechos fundamentales: por las intervenciones telefónicas y las dilaciones indebidas.

Los cinco condenados deberán presentar la orden de ingreso que habrán recogido personalmente en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, entre las 9.00 y las 12.00 horas del lunes.

La portavoz de Instituciones Penitenciarias explicó que los cinco entrarán en el módulo de ingreso, donde permanecerán un máximo de cinco días. En él estarán acompañados, bien entre ellos o bien con otro preso de confianza. "Ese es el protocolo. No es obligatorio, pero entendemos que los primeros días son duros y es una deferencia que tenemos con quienes ingresan para que no estén solos", señaló.

A lo largo de esa semana, los cinco condenados mantendrán entrevistas personales con un psicólogo, el equipo médico y los educadores de la prisión. En función de sus conclusiones, será el director del centro penitenciario el que propondrá a Instituciones Penitenciarias si continúan en esa misma cárcel o propone su traslado a otro centro. Si permanecen, entonces se les destina al módulo que corresponda.

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