"No me llevé un euro de nada", Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a ocho meses de prisión y una multa de 2.520 euros por un único delito de falsificación en documento mercantil. Es el resultado final de un largo periplo en el que se le había investigado inicialmente por varios delitos, como fraude y exacciones ilegales. La Fiscalía había solicitado para él una condena de tres años de cárcel. La Audiencia Provincial lo condenó a uno, que el Supremo rebajó. "Del resto de los delitos se retiró la acusación porque no me quedé con nada", remarcó ayer.
El auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo establece que el abogado de Azorín, Alberto García Montes, debe presentar la documentación que acredite que carece de antecedentes penales y policiales y las alegaciones que considere oportunas, además de abonar la multa. Si todo está en orden, su representado no ingresará en prisión.
El mismo procedimiento debe seguir el empresario Maximino Fernández, de ASAC Comunicaciones, condenado a un año de cárcel y al pago de una multa de 1.800 euros.
Los otros cinco condenados en el "caso Marea", el mayor juicio por corrupción celebrado en Asturias, cuentan las horas para entrar en prisión. Mañana, entre las 9.00 y las 12.00 horas, deben recoger la orden de ingreso en la Audiencia, y después tendrán hasta la medianoche para presentarse en cualquier centro penitenciario, aunque presumiblemente lo harán en el de Asturias por arraigo familiar y territorial.
El exconsejero José Luis Iglesias Riopedre espera la respuesta a su solicitud de indulto y suspensión de condena por su edad y delicado estado de salud. Además, ingresarán quien fue su mano derecha, María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. A este último se le denegó la suspensión de la condena mientras se resuelve su petición de indulto.
