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El 85.º aniversario de un levantamiento que sirvió de ensayo para la Guerra Civil

Octubre de 1934: la revolución anunciada

El relato de un movimiento insurreccional que duró dos semanas y provocó más de 1.300 muertos y cerca de 3.000 heridos

El inicio del incendio de la Universidad producido por una bomba de la aviación.

No deja de resultar curiosa una revolución que se anuncia a meses vistos y en la que se deja a aquellos contra los que se lanza el movimiento la determinación de la fecha de inicio del mismo. Esto fue lo que ocurrió con la Revolución de Octubre de 1934.

No era ningún secreto la amenaza formulada por el máximo dirigente socialista Francisco Largo Caballero, líder al mismo tiempo del partido, PSOE, y del sindicato socialista, UGT, de que si la CEDA entraba en el Gobierno se desencadenaría un movimiento revolucionario. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), nombre que hoy no dirá nada a la mayoría de los lectores, era una coalición de partidos de la derecha, tanto de ámbito nacional como regional, de los que el principal y más implantado era Acción Popular, cuyo máximo dirigente era el abogado salmantino José María Gil Robles. Constituida la CEDA el 28 de febrero de 1933, su programa defendía enunciados como religión, patria, familia, orden, trabajo y propiedad, para lo cual se proponían cambiar radicalmente la Constitución aprobada en 1931.

El 16 de diciembre de 1933 se formaba un Gobierno presidido por el líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux. Tres días después, el 19 de diciembre, el nuevo Gobierno se presentó ante las Cortes y obtuvo la confianza de la Cámara. Gil Robles intervino en primer lugar en el debate parlamentario y dijo: "Hoy, apoyo al Gobierno en cuanto rectifique la política de las Cortes Constituyentes; mañana, el Poder íntegramente, con plena libertad [?]. Cuando nos necesitéis para realizar ese programa, nos encontraréis aquí. Hoy, en la oposición, con un apoyo condicional; mañana, si llega la oportunidad, con las responsabilidades del Gobierno". También manifestó Gil Robles que no tenían "prisa de ningún género", pero reclamaba su derecho a gobernar "cuando el instante llegue". Antes deseaban que se agotaran "todas las soluciones para que después la experiencia diga al pueblo español que no hay más que una solución, una solución netamente de derechas". Ahora bien, si llegado ese momento, "se nos cerrara el camino del Poder [?]. Tendríamos que ir a decir al pueblo que nos habíamos equivocado, que era preciso seguir otro camino para conseguir el triunfo de nuestras legítimas reivindicaciones".

La CEDA había obtenido en las elecciones del 19 de noviembre 115 diputados, y era la minoría mayoritaria, seguido del Partido Radical de Lerroux, con 102 actas, y los socialistas, con 58.

El número de diputados obtenido por cada grupo político, dada la ley electoral vigente que primaba las coaliciones, no reflejaba la división real en bloques del electorado. En grandes números, la derecha obtuvo 3.365.700 votos; los partidos de centro, 2.051.500 y las izquierdas, 3.118.000 votos. Vistas estas cifras, no estaba claro que la mayoría del país quisiera una rectificación de lo hecho hasta entonces, como interpretó Gil Robles los resultados en declaraciones el 2 de diciembre de 1933: "El significado de las elecciones es indudable. Nuestras actas, el número de votos que hemos reunido, indican claramente que España exige una rectificación de la política".

En la respuesta que el dirigente del ala centrista del Partido Socialista Indalecio Prieto hizo al discurso de Gil Robles, sobre el programa del Gobierno de Lerroux, denunció que la legislación que con el apoyo de Gil Robles y su partido se proponía derogar el Gobierno era precisamente uno de los logros de la recién constituida República, a la que los socialistas no dudarían en defender desencadenando, si fuera preciso, la revolución.

Ya el 26 de noviembre de 1933, una semana después de celebrada la primera vuelta de las elecciones, ante el avance de la derecha católica, se reunió el comité nacional del PSOE en sesión extraordinaria y acordó realizar una acción defensiva, si hubiera una provocación por parte de la derecha a fin de impedir que "las amenazas más o menos encubiertas de un fascismo vergonzante" desembocaran en una "restauración de la monarquía o la implantación de un régimen fascista".

Desde el acceso al poder del Partido Radical de Lerroux, con el apoyo parlamentario de la CEDA, la política seguida fue un continuo deshacer las reformas aprobadas durante el primer bienio republicano (1931-1933). El cambio de Gobierno dio alas a los patronos, sobre todo a los del campo, para ignorar sistemáticamente la legislación social vigente y negarse a contratar a los afiliados a los sindicatos. Poco a poco, las Cortes anulaban las medidas sociales del Gobierno republicano-socialista. La ley de Términos Municipales, una de las primeras que promovió Largo Caballero, fue revocada provisionalmente en enero de 1934, y se congeló la ley de Reforma Agraria, reduciendo la superficie de la tierra expropiable y obligando a devolver las tierras confiscadas tras el levantamiento de agosto de 1932. Se cambió la composición de los Jurados Mixtos y multitud de ayuntamientos socialistas fueron sustituidos por delegados gubernativos de tendencia derechista.

La ley de Amnistía de 24 de abril de 1934, que sacaba a la calle a los implicados en la sublevación protagonizada por el general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932, contribuyó a polarizar el Parlamento. Prieto denunció, en su intervención en el debate parlamentario, la arbitrariedad que suponía no incluir a los anarquistas presos por la intentona revolucionaria de diciembre último. La réplica del ministro de Justicia, el asturiano Ramón Álvarez Valdés, tratando de justificar tal discriminación en que la sublevación de Sanjurjo había sido consecuente con el sentir de la opinión pública, mientras que la intentona anarquista era contraria a la voluntad popular, le costó al asturiano el tener que presentar la dimisión.

Desde comienzos de 1934 se entabló una auténtica guerra verbal entre la CEDA y el PSOE, en la que también intervinieron otros partidos y políticos. Las proclamas revolucionarias socialistas comenzaron siendo una especie de advertencia a sus contrarios, por si osaban deshacer lo avanzado hasta entonces, aunque también buscaban satisfacer las aspiraciones revolucionarias de sus propias bases, defraudadas por los pocos avances que la participación en el Gobierno en el periodo 1931-1933 había reportado. Los socialistas estaban convencidos de que la CEDA, con la complicidad de Lerroux, iba a destruir el contenido progresista de la República, y para evitarlo amenazaban con la revolución con la doble pretensión de hacer que Lerroux y Gil Robles lo pensasen dos veces antes de llevar a cabo sus planes y, por otra, hacer ver al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, la necesidad de convocar nuevas elecciones.

Lo que ocurrió fue que los discursos revolucionarios, más allá de las intenciones disuasorias e intimidatorias que pretendían los líderes socialistas, prendieron en la base del Partido y sobre todo en sus Juventudes. Ello, a su vez, generó un movimiento de presión desde las bases y las Juventudes Socialistas para que se emprendieran medidas revolucionarias.

Salvador de Madariaga, un político liberal que no se puede calificar de izquierdista, que sucedió al asturiano Ramón Álvarez Valdés en el Ministerio de Justicia, tras la dimisión obligada de este, escribió sobre la situación en esos momentos: "Hubo muchos, demasiados terratenientes que ni habían olvidado ni habían aprendido nada, y se conducían de modo tan desalmado y desaforado para con su gente obrera, quizá en venganza de los insultos y perjuicios recibidos durante la etapa de izquierdas, que la situación empeoraba no solo en lo material sino también en lo moral. Los jornales del obrero del campo volvieron a caer a niveles de hambre; la seguridad del trabajo desapareció, la esperanza de tierra huyó para siempre. Estos hechos, multiplicados en cientos y en miles y en millones, por valles y montes en las aldeas del centro y del sur y del sudoeste de España, fueron las simientes más fértiles de la Guerra Civil que más tarde desgarró las entrañas del país" ("España. Ensayo de historia contemporánea").

No estuvieron libres de esos ataques los campesinos asturianos. El periódico socialista "Avance" denunciaba el 1 de diciembre de 1933 que durante la campaña electoral había publicado varias "cartas remitidas por los dueños de fincas a sus colonos", en las que les recomendaba "determinada candidatura" y hacía de votarla cuestión "de lealtad". Como a pesar de esas advertencias, el voto fue en muchos casos a las candidaturas socialistas, tras las elecciones, en varios concejos rurales de Asturias han sido citados a juicio de desahucio numerosos arrendatarios de fincas. Todos a la vez, en el espacio de días.

En otros sectores, como la minería y la industria, la tensión social se había ido poco a poco agravando pese a las llamadas a la contención de los dirigentes socialistas. Numerosos conflictos se declararon tanto en la minería como en la industria.

Tras sostener a lo largo de nueve meses a los gobiernos presididos por Lerroux y Samper, en septiembre de 1934 Gil Robles se entrevistó con Alcalá Zamora y exigió su participación en el Gobierno. El político salmantino sabía que la entrada de la CEDA en el Gobierno sería una provocación a la izquierda, que lo consideraba fascista. Pero confiaba, según confesó más tarde, en diciembre de 1934, que la izquierda no estaba en condiciones de triunfar. "Yo tenía la sensación de que la llegada nuestra al poder desencadenaría inmediatamente un movimiento revolucionario..., y en aquellos momentos en que veía la sangre que se iba a derramar me hice esta pregunta: 'Yo puedo dar a España tres meses de aparente tranquilidad si no entro en el Gobierno. ¡Ah!, ¿pero entrando estalla la revolución? Pues que estalle antes de que esté bien preparada, antes de que nos ahogue'. Esto fue lo que hizo Acción Popular: precipitar el movimiento, salir al paso de él; imponer desde el Gobierno el aplastamiento implacable de la revolución".

Conocida la noticia de la entrada en el Gobierno de tres miembros de la CEDA, en la tarde del 4 de octubre de 1934, según relato de Largo Caballero, "se reunieron las dos ejecutivas [del PSOE y la UGT] y a continuación del cambio de impresiones se llegó a la conclusión de que había llegado el momento de actuar. Se acordó declarar la huelga general en toda España. La Comisión especial dio orden de que se remitieran los telegramas [telegramas en los que con diversas claves se daba la orden de inicio del movimiento]. Después se comprobó que absolutamente todos habían llegado a sus respectivos destinos".

El movimiento fue generalizado en todo el país, aunque con diversos grados de intensidad, mientras en Asturias se iniciaba, desde la misma madrugada del 5 de octubre, un movimiento insurreccional de grandes proporciones. En el resto de España, la respuesta fue muy desigual. En el País Vasco la huelga fue general en Bilbao, y en los pueblos de la zona minera, los trabajadores se hicieron dueños de la situación. Pero antes de una semana fueron reducidos. En Guipúzcoa, los trabajadores se hicieron con el poder en Éibar y Mondragón, y hubo fuertes combates en Pasajes. En Zaragoza paró la capital. En Valencia el seguimiento fue desigual, sin paralizar totalmente esta ciudad ni la de Alicante, y hubo violentos enfrentamientos en pueblos como Játiva o Villena. En Murcia la huelga fue total tanto en la capital como en Cartagena, Jumilla, Totana... En Andalucía, la huelga tuvo una incidencia alta en las zonas mineras, desigual en las ciudades y mínima en el campo. Por lo general, apenas hubo seguimiento en las zonas campesinas en toda España. En Galicia la siguieron solo en las capitales y en el Ferrol, donde hubo fuertes enfrentamientos. En las diversas zonas mineras de España, la huelga fue importante. Y en los núcleos mineros del norte de León y Palencia, el movimiento también alcanzó grandes proporciones, e igualmente en algunas localidades santanderinas.

En Madrid, la huelga no consiguió detener la salida de los principales periódicos de la derecha: "ABC" y "El Debate", y los planes del Comité Revolucionario de ocupar el parque móvil y asaltar el Ministerio de Gobernación quedaron reducidos a un pequeño intercambio de disparos. Solo la huelga salió adelante, pero el día 8 fueron detenidos la mayor parte de los miembros del Comité Revolucionario en el estudio del pintor Luis Quintanilla y el 14 fue arrestado en su domicilio Largo Caballero. Los obreros fueron volviendo paulatinamente al trabajo, aunque ya con anterioridad, soldados y voluntarios civiles habían puesto en marcha algunos medios de transporte.

En Barcelona, la huelga fue general el 5 de octubre, aunque los anarquistas no se mostraban muy partidarios de secundar el movimiento, ya que la Alianza Obrera no había roto con Ezquerra. En la tarde del 6 de octubre, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, presionado por el sector más nacionalista, proclamó "el Estado Catalán de la República Federal Española". El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, acordó adherirse al Gobierno autónomo. Companys pidió al general Batet, que mandaba la Cuarta División Orgánica, que se pusiera a sus órdenes. Pero el general, que ya había hablado con Lerroux, declaró el estado de guerra a las nueve de la noche, y dos horas después, una columna de artillería se dirigió a tomar el palacio de la Generalitat. Hubo intercambio de disparos y a las dos de la madrugada se paró el fuego. A las seis de la mañana se reanudaron los disparos y Companys telefoneó a Batet para comunicarle que se rendía. La CNT dio la orden de vuelta al trabajo, y el movimiento solo continuó en algunas localidades como Sabadell, Villanueva y Geltrú, Granollers..., con algunas luchas violentas.

En Asturias la revolución duró dos semanas completas. Los mineros, principales actores de la misma, se apoderaron de las cuencas mineras y mantuvieron a las fuerzas del Ejército y de orden público encerradas en el cuartel de Pelayo y otra serie de reductos en Oviedo. El 18 de octubre, tras una entrevista celebrada en Oviedo entre el general López Ochoa, enviado por el Gobierno para sofocar la revuelta, y el dirigente minero Belarmino Tomás, se puso fin a la revolución.

Belarmino Tomás expuso al general que no venía a rendirse sin condiciones y que, si no había pacto, la entrada en las cuencas iba a costar muchas víctimas. "Nos falta munición", le dijo, "pero tenemos dinamita suficiente para retrasar dos meses la entrada de las fuerzas en las cuencas". Al final, Belarmino Tomás se comprometió a la entrega de los prisioneros y a recomendar la del armamento, con la condición de que no hubiera más represalias que las que determinaran los tribunales de Justicia y que ni el Tercio ni los Regulares fueran en cabeza de las fuerzas que entraran en las cuencas. Aceptó López Ochoa y propuso ejecutar el acuerdo ese mismo día. Belarmino Tomás contestó que era imposible y que antes debía de ir él por delante para comenzar a ejecutar la retirada de las fuerzas. Así, quedó establecido que al día siguiente, entre las once y las doce de la mañana, se produciría la entrada.

Por qué Asturias fue distinta al resto de España. Qué hizo que en ella la revolución alcanzara las dimensiones que tuvo. El tema de las diferencias asturianas apasionó a todos los teóricos del momento. Algunas de las explicaciones han tratado de encontrar la clave en una congénita rebeldía de los mineros en general y de los asturianos en particular. Hay quien opina que las características geográficas de Asturias, por la gran dispersión que existía entre los núcleos mineros, alejados y aislados de los centros urbanos y políticos, en vez de restar fuerza al movimiento revolucionario favoreció su desarrollo, sin el freno de los dirigentes más burocratizados y acomodados. Este aislamiento permitió a los socialistas asturianos quedar al margen de la ambigüedad y las dudas que mantuvieron los dirigentes nacionales sobre el partido a tomar.

El saber popular dictó sentencia sobre lo ocurrido en octubre de 1934, explicándolo en términos culinarios. Todo se resumía en el siguiente menú: "Lengua a la catalana, gallina a la madrileña y huevos a la asturiana".

La Revolución de Octubre se saldó con un elevado coste de vidas humanas. Se calcula que murieron a consecuencia de los combates unos 1.051 paisanos y 324 militares o miembros de las fuerzas de orden público, resultando heridos 2.051 y 903, respectivamente. De entre los muertos, alrededor de medio centenar corresponden a personas civiles ejecutadas por grupos revolucionarios al margen de los combates, siendo la mayor parte religiosos, con un total de 33. Las pérdidas materiales fueron igualmente cuantiosas, sobre todo en Oviedo, donde la violencia de los combates quedó testimoniada por los destrozos causados en la ciudad, que afectaron a un centenar de edificios, entre ellos: la Universidad, con la pérdida de su importantísima biblioteca y museo; la Cámara Santa de la Catedral, volada con dinamita; la Audiencia, el teatro Campoamor, además de otros muchos edificios que sufrieron daños parciales.

Tras la derrota de la revolución siguió una represión inmisericorde, al tiempo que desde las filas de la derecha se levantaban voces clamando por un escarmiento ejemplar, entre ellas las de Melquíades Álvarez y Fernández Ladreda. La entrada de las tropas fue seguida de numerosos fusilamientos de revolucionarios (el famoso de Aida Lafuente) y asesinatos, como el del periodista Luis Sirval. Posteriormente continuaron las matanzas, como la de Carbayín, y las "desapariciones", además de las torturas, los saqueos y numerosos actos de barbarie que se prolongaron durante algún tiempo. La cifra de detenidos superaba, todavía a finales de 1934, los diez mil.

Hay quien opina que la Revolución de Octubre fue el inicio de la Guerra Civil que se generalizaría a partir de julio de 1936. Desde los inicios de la República hubo fuerzas de la derecha que no dejaron de conspirar contra la misma y que iniciaron los preparativos para un levantamiento armado. En agosto de 1932, el pronunciamiento del general Sanjurjo fue rápidamente sofocado, pero la conspiración no se detuvo con él. Cuando la CEDA perdió en las elecciones de febrero de 1936, solo era cuestión de tiempo el que se produjera una sublevación militar contra la República.

En la sangrienta guerra que siguió a la sublevación de parte del Ejército en julio de 1936, octubre de 1934 había sido una experiencia de cómo acometer la política que planteaba Mola, director de la conspiración, en sus directrices, de "eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros". Las fuerzas enviadas por el Gobierno, bajo la dirección suprema del general Francisco Franco desde el Ministerio de la Guerra, invadieron el territorio astur con el mismo rigor y contundencia que si lo hicieran en un territorio conquistado por el enemigo, empleándose entre ellas al Tercio y los Regulares, fuerzas profesionales acostumbradas a la dureza de las guerras de África. En Asturias, por primera vez, fueron bombardeadas poblaciones civiles, lejos del escenario bélico. Para ello, Franco relevó del mando de la base aérea de León a su primo el coronel Ricardo de la Puente Bahamonde, de simpatías republicanas, sustituyéndole por el teniente coronel Antonio Camacho Benítez. Apenas un mes antes de la Revolución de Octubre, el Ejército había realizado en las montañas de León, en un terreno muy similar al asturiano, unas maniobras militares dirigidas por el general López Ochoa, inspector general del Ejército, y a las que asistieron también el ministro de la Guerra Diego Hidalgo y el general Franco, entonces gobernador militar de Baleares.

Octubre de 1934 sirvió a los conspiradores contra la República de ensayo general para la Guerra Civil que se desencadenaría poco menos de dos años después.

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