Un médico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha denunciado a 34 compañeros de trabajo por cotillear en su historia clínica sin la preceptiva autorización. Los querellados son 8 médicos y 24 enfermeras que presuntamente entraron de forma indebida en el programa informático "Millennium" para enterarse de los detalles de una lesión que había sufrido el facultativo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo está llevando a cabo las diligencias previas referidas a la denuncia penal. Los 34 sanitarios están en régimen de investigados (imputados, según la jerga jurídica anterior). Estos días están pasando por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para prestar declaración. Se enfrentan a sanciones que, en el peor de los casos, podrían acarrear penas de prisión, inhabilitación para ejercer su profesión e incluso pérdida de la condición de empleado sanitario público.
Según ha podido saber este periódico, la mayor parte de los médicos y enfermeras que están pasando a declarar coinciden en argumentar que consultaron la historia de su colega con una finalidad asistencial. La última palabra deberá pronunciarla la magistrada Simonet Quelle Coto.
Los hechos se remontan a enero de 2017. Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explican que el médico participó en una pelea nocturna en Oviedo con otro hombre. Resultó lesionado, fue llevado a Urgencias del HUCA y le atendieron sus compañeros de hospital. Estando en uno de los boxes, apareció por allí la persona con la que se había peleado. De inmediato, el médico se lanzó a por él y le clavó un bisturí. Ambos fueron atendidos de sus lesiones y, acto seguido, el especialista fue detenido.
Los ecos de lo sucedido se extendieron mediante el boca-oreja por el hospital a una velocidad de vértigo. Y todo apunta a que, en ese proceso de difusión, hubo quienes no pudieron contener la curiosidad, y accedieron a la historia clínica del médico. Una de las características del programa "Millennium" es que todo acceso que se produce a sus archivos deja huella. Ahí puede estar su penitencia.
Una vez recuperado de sus lesiones, el médico, lejos de correr un tupido velo sobre aquella agitada noche, decidió querellarse contra todos los sanitarios que habían merodeado por sus datos. Incluso contra algunos que habían entrado porque habían participado en su asistencia, aunque estos fueron finalmente excluidos de la denuncia penal.
Ocho meses después de estos hechos, en septiembre de 2017, la Consejería de Salud decidió poner jaque a la curiosidad malsana de su personal. Y lo hizo bajo este argumento: "Recientemente se han producido varias sentencias judiciales que han condenado a profesionales sanitarios por accesos indebidos a las historias clínicas". En aquel momento, Salud anunció la puesta en marcha auditorías periódicas en los centros sanitarios encaminadas a atajar la creciente tendencia de los propios trabajadores a acceder de forma indebida o con fines perversos a datos sobre la salud de los usuarios. Quienes lo hagan y sean pillados -precisó entonces la Consejería- serán objeto de sanción disciplinaria y, además, la propia Administración advertirá a los pacientes "espiados" para que puedan ejercer una acción penal contra la personas que accedan de forma indebida a su historia clínica.
Hasta el momento, no se ha podido determinar si fue la propia autoridad sanitaria la que advirtió al médico protagonista de esta noticia; o si, por el contrario, fue este caso el que impulsó a la Consejería de Salud a extremar la vigilancia de los cotillas.
Sanitarios indiscretos
Lo que sí dejó claro en aquel momento la Administración sanitaria es que los infractores de la norma podrían ser condenados a graves penas de cárcel y de inhabilitación, y hasta perder la condición de empleado sanitario público. Casos de este tipo estaban aún frescos. Concretamente, en junio de 2017, la Audiencia Provincial de Oviedo había condenado a dos fisioterapeutas asturianas a dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por acceder al historial médico de una compañera del hospital y comentar detalles del mismo en presencia de algunos pacientes. Los jueces concluyeron que las dos condenadas, P. C. F., de 35 años, y L. R. F., de 33 años, habían sido autoras de un delito de descubrimiento y revelación de secreto.
"La experiencia demuestra que la mayoría de las denuncias por accesos indebidos, tanto ante la Administración como ante los tribunales de justicia, se realizan por trabajadores del propio sistema sanitario", subrayaba entonces la Consejería de Salud.
