10 de octubre de 2019
10.10.2019

La Fiscalía ve "injustificado" excarcelar a Riopedre, pese a su edad y dolencias

La defensa de Alfonso Carlos Sánchez recurre la denegación de su indulto y pide eludir el pago de la multa de 1,9 millones o fraccionarla

10.10.2019 | 00:55
Iglesias Riopedre.

La Fiscalía se opuso ayer a que José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero socialista de Educación condenado a cinco años y dos meses de prisión por el "caso Marea", abandone la cárcel en la que ingresó el pasado lunes, tal como ha solicitado su abogada, Anabel Prieto Torices, por razones humanitarias o mientras se tramite su recurso ante el Tribunal Constitucional. Riopedre, con casi 80 años, ha ingresado en la enfermería de la cárcel de Asturias, donde está vigilado por un preso de confianza, y sufre, entre otras dolencias, de diabetes y una enfermedad coronaria, por la que debe tomar hasta diez pastillas diarias. Según su defensa, Riopedre no está en condiciones de afrontar la cárcel "ni física, ni psicológicamente".

La Fiscalía, sin embargo, esgrime las mismas razones por las que ya se opuso a su excarcelación en 2011, cuando pasó varios meses en la cárcel de Asturias después de que estallase este escándalo de contratos amañados y desvío de fondos en la administración del Principado. En aquel entonces, la Fiscalía adujo que sus enfermedades eran anteriores a la comisión de los hechos, y no le habían impedido delinquir. Hoy sostiene que su salida de prisión es "improcedente e injustificada".

Decisión en breve

La sección tercera de la Audiencia Provincial había pedido a la Fiscalía que se pronunciase de urgencia sobre una posible excarcelación de Riopedre. El tribunal que debe ejecutar la sentencia ha recibido dos informes médicos que, en opinión de la defensa, aconsejarían su salida de la cárcel para recibir tratamiento en el exterior. Prieto Torices también solicitó el indulto para el exconsejero de Educación. Con estos mimbres, el tribunal decidirá a la mayor brevedad sobre la posible suspensión de la condena de Riopedre.

No es el único que está luchando a brazo partido por salir de prisión. Javier Díaz Dapena, letrado de uno de los empresarios implicados, Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), condenado a dos años y ocho meses de cárcel, ha recurrido la resolución de la Audiencia Provincial que rechaza su petición de indulto, al considerar que, según la ley, es el Gobierno el que debe decidir sobre esta cuestión. Dapena también pidió que Sánchez se vea eximido por el momento de pagar la multa de 1,9 millones de euros que le impuso la Audiencia y ratificó el Supremo, o que por lo menos se establezca un pago fraccionado de la misma. Según la sentencia, Sánchez deberá cumplir un día de prisión por cada 10.000 euros impagados.

Otro que ha pedido la suspensión de la condena es Antonio Azorín, de Nora, condenado a ocho meses de prisión por falsificar facturas. Pide canjear la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

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