El Letrado Mayor de la Junta General del Principado, Alberto Arce, advierte en un informe de la complejidad jurídica que supone el uso del asturiano en la Cámara y señala que, con la regulación actual, siempre que algún parlamentario esgrima que no comprende otra lengua que el castellano, deberá utilizarse exclusivamente el idioma oficial de todo el territorio español. El informe jurídico se produce después de que Izquierda Unida solicitase una reforma del reglamento de la Cámara tras el incidente durante la comparecencia en comisión de la Consejera de Cultura, Berta Piñán.
La Consejera quiso leer en asturiano su programa para la legislatura, pese a que el PSOE había consultado una semana antes a todos los portavoces y conocía que sería conflictivo: los del PP y Vox habían expresado que preferirían el uso del castellano argumentando dificultades de comprensión; la de Cs, que se cumpliese la ley. Con todo, Piñán inició la lectura en asturiano, lo que motivó que la diputada del PP Gloria García solicitase un servicio de traducción, que no existe en la Cámara. Ante esta situación, la Mesa de la comisión consultó a los servicios jurídicos.
El Letrado Mayor (la máxima autoridad jurídica del parlamento asturiano) recalca en el informe que la decisión de exigir a la Consejera que hablase en castellano fue de la Mesa de la comisión, dado que la consulta no era vinculante. En todo caso, detalla la compleja situación jurídica que supone el uso del asturiano en la Cámara y recalca que la limitación a su uso en el caso de la Consejera Piñán no tiene que ver con el hecho de que el reglamento de la Junta no recoja la posibilidad de que hablen en asturiano quienes no son diputados, sino que se habría producido aunque fuese parlamentaria.
"El artículo 11 del Reglamento de la Junta General, con arreglo al cual los diputados pueden usar el bable en el ejercicio de sus funciones parlamentarias no decía qué hacer en casos como los que se planteaban", señala Arce, en referencia al hecho de que una diputada adujese dificultades de comprensión. En ese caso, "careciendo de medios la Cámara para solventar" esas dificultades, el letrado mayor recalca el problema que suponía "el seguimiento de la comparecencia en una lengua que los diputados no están obligados a conocer, a diferencia del castellano, que todos los españoles sí tienen el deber de conocer". Arce apunta además que ni siquiera respecto de las lenguas cooficiales existe un deber generalizado de conocerlas.
La ausencia de traductores
En su informe de 22 folios, Arce apunta que la clave está en que la cámara no tiene servicios que solventen cualquier caso en el que alguien diga no entender el asturiano (esto es, traductores).
Más aún, Arce recalca que aunque la ley de uso del asturiano permite el uso administrativo del asturiano, este "no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua del procedimiento" sino que impone al Principado "la obligación de tramitar los escritos que reciba en esa lengua".
El Letrado Mayor considera que es necesaria "por razones de seguridad jurídica" que "la cuestión del bable en la Junta" sea objeto de "una regulación completa y coherente -no fragmentaria e imprecisa como hasta ahora- dentro de los límites que derivan del marco estatutario actual de no cooficialidad".
Arce cree que la reforma que plantea IU para incluir en el reglamento la posibilidad de que cualquier persona utilice el asturiano en la cámara no cambiaría el criterio jurídico ante una situación como la que se produjo en la comparecencia de la Consejera de Cultura. En todo caso concluye: "No corresponde a los servicios jurídicos de la Cámara proponer la fórmula que haya de seguirse, sino únicamente verificar la corrección jurídica de la que se adopte".
