Mientras la izquierda llama a clarificar la compleja situación jurídica en la que se encuentra el uso del asturiano en la Junta General, e incluso IU exige ya la cooficialidad, el centro-derecha pide respetar el informe del Letrado Mayor, quien considera que habrá de impedirse el uso de la Llingua en la Cámara si uno solo de los diputados afirma no comprenderla.
El grupo parlamentario socialista recalcó que ante este conflicto mantendrá "el mismo planteamiento que expusimos cuando se generó el debate en la Comisión de Cultura con motivo de la comparecencia de la Consejera", indicó Dolores Carcedo. Es decir, se analizarán las posibilidades jurídicas para dar cobertura al uso del asturiano en la Junta", sin que "se suscite protesta alguna" tal y como ha sucedido hasta ahora; pero al tiempo se buscarán fórmulas para que los diputados puedan "ejercer su función cuando aleguen no comprender el asturiano".
Ángela Vallina, de Izquierda Unida, considera que el informe del Letrado Mayor lleva a la necesidad "imprescindible" de la una reforma que "garantice el uso de la Llingua en la calle y las instituciones". Esa reforma "tiene que pasar por el Estatuto de Autonomía, con la ley de oficialidad".
"Impedir que en el parlamento se pueda usar el asturiano es desconectarlo de la calle", dijo Vallina, para quien supondría "un absurdo" que se diese la circunstancia de que "compareciese el presidente de la Academia de la Llingua y que tuviera que responder en castellano". A juicio de la portavoz de IU todo obedece al "veto de la extrema derecha", que intenta "poner en jaque todo el entramado pensado para proteger de su desaparición al asturiano".
La portavoz del Partido Popular, Teresa Mallada, recalcó que el Letrado Mayor constata que "al no haber servicio de traducción, supone la vulneración de un derecho fundamental de la Constitución, del principio de igualdad" el uso del asturiano. "Y que además no es lo mismo decir una pequeña frase que hacer una comparecencia programática en asturiano", afirmó para resaltar que se trataba de una intervención de siete horas por parte de la Consejera de Cultura. "A pesar de que el PSOE era plenamente consciente de la situación (al haber consultado a los grupos), llegó el día de la comparecencia y la Consejera intentó hacerla en asturiano", relató Mallada, para quien el informe del Letrado Mayor permite a los populares reafirmarse "en que lo que hizo la consejera socialista con el apoyo de Barbón fue un intento claro de vulnerar la Constitución". A juicio de Mallada, la pretensión del Gobierno es la de "utilizar el asturiano para hacer demagogia", por lo que exigió que "deje de politizarlo".
Para Ciudadanos, el informe del Letrado Mayor tiene "un carácter vinculante" y marca "el camino de la convivencia serena y fructífera entre la pluralidad de opiniones que hay con relación a la llingua y su uso en la Cámara". La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, pidió "sacar a los servicios jurídicos de la Cámara de las trifulcas políticas" y "salvaguardar su independencia". No obstante, respecto del uso del bable indicó que para Ciudadanos "prevalece el cumplimiento de la ley, y en este caso del Reglamento, pero sobre todo prevalece, junto al aprecio por la Llingua, el derecho de los diputados como representantes de todos los asturianos a expresarse y a escuchar a los comparecientes en la lengua que entienden, algo que preserva la propia Constitución".
Pérez Macho resaltó que tras el "lamentable episodio teatral" durante la comparecencia de la Consejera de Cultura, "solo queda pedir responsabilidad y sensatez al partido mayoritario en el Parlamento y al presidente Barbón", al que la formación naranja acusa de "azuzar el conflicto". Ciudadanos pide "no sucumbir a las pretensiones de algunos sectores minoritarios que juegan a usar la llingua como un arma para enfrentar entre sí a los asturianos".
Pedro Leal, de Foro Asturias, consideró "improcedente", analizar un informe que "no tiene carácter vinculante" y ha sido "emitido por quien tiene la legítima función de elaborarlo". Recalcó, además, que se trata de un informe enmarcado en el funcionamiento de la Junta General, por lo que "sus conclusiones no deben ser objeto de debate público". El diputado forista criticó que trascendiese el contenido del informe porque "no beneficia a la Junta General". El diputado forista quiso trasladar "su apoyo" a los funcionarios, en especial al Letrado Mayor.
El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, defendió la profesionalidad de los servicios jurídicos de la Cámara: "Nosotros nunca cuestionaremos su argumentación jurídica ni la utilizaremos para una posición política". "El informe me parece impecable", añadió Blanco.
