07 de noviembre de 2019
07.11.2019

Los dos empresarios de "Marea" con penas bajas, a prisión por "daño social"

La Audiencia argumenta que, si se librasen con una simple multa, la pena no tendría efecto "disuasorio"

07.11.2019 | 01:05

Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y Antonio Azorín, de Nora, recibieron las penas más bajas del "caso Marea", un año de prisión y ocho meses, respectivamente. En condiciones normales, al tratarse de penas inferiores a dos años, podrían librarse fácilmente de entrar en prisión. Pero es que los delitos que cometieron, argumenta la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, "entran de lleno en lo que se conoce como 'corrupción' de la Administración", y causaron un evidente "daño social, representado por el quebranto de la integridad y dignidad de las instituciones públicas". Para la Audiencia, si se evitase la entrada en prisión de estos condenados, la pena dejaría de tener el necesario efecto "disuasorio". Por tanto, la Audiencia ha ordenado que se ejecute la condena de prisión. Los dos entrarán en la cárcel en pocos días.

En el caso de Maximino Fernández, argumenta la Audiencia, "no resulta admisible, desde un punto de vista preventivo general, que quien se implicó de tal forma en un proceder que atentaba contra aspectos tales como el principio de libre concurrencia en la contratación con la Administración, el acceso reglado a los puestos de trabajo en dicha Administración o la no alteración clandestina y subrepticia del destino asignado presupuestariamente a los recursos públicos, pueda saldar su responsabilidad con el pago de una multa" de 1.800 euros.

Otro tanto ocurre en el caso de Antonio Azorín, que, de suspenderse su entrada en prisión, arreglaría todo el asunto -haber alterado abiertamente el principio de libre concurrencia para favorecer la contratación de la empresa del hijo del entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre- con el pago de una multa de 2.250 euros.

Las defensas de Fernández y Azorín habían argumentado que no debían entrar en prisión por la escasez de la pena, la ausencia de lucro y la colaboración con la Justicia. Luis Tuero, defensor de Fernández, argumentaba además que se trataba de hechos que se remontaban a hace doce años. Tanto la Fiscalía como el Principado y las acusaciones populares argumentaron que la repercusión pública y la ausencia de arrepentimiento por parte de estos empresarios aconsejaban su ingreso en la cárcel, pese a la escasa cuantía de las penas.

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