Los ediles de Aller sabían de los reparos al geriátrico, pero "era de gran interés"

Un total de catorce concejales de la corporación de Aller entre los años 2008 y 2010, de todos los colores políticos, desfilaron ayer por el Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo, que instruye el "caso Hulla", para aclarar, en calidad de investigados, cómo se dio de paso el proyecto de la residencia del Montepío de la Minería en Felechosa, por cuyos desvíos están imputados, entre otros, el expresidente de la entidad, José Antonio Postigo, y el que fuera secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa.

Los concejales reconocieron que sabían de los reparos que habían planteado el secretario y el interventor al proyecto, pero que aún así lo dieron de paso porque "era de gran interés para el municipio", ya que iba a suponer un centenar de puestos de trabajo.

Por los Juzgados fueron pasando los actuales concejales Juan Sutil, María del Pilar Freije, Juan Antonio del Peño, María Elena Ordóñez y Ramón Francisco Velasco, así como los exconcejales José Francisco Azaustre, Alfredo González, José Manuel Díaz Trapiello, María Eugenia Díaz, Eloína Beatriz Espinedo, Alberto Fernández Iglesias, María Esther Martínez Lillo, Carlota Pérez y Santos Luciano Fernández Fanjul.

Juan Sutil, del PP, indicó que en el Pleno en el que se acordó la cesión de los terrenos la residencia "había mucha presión", con el salón de plenos lleno, y que se trataba de un proyecto de interés "para todas las Cuencas". Otro concejal del PP, Juan Antonio del Peño, aseguró que "lo volvería a hacer", por los mismos motivos. La socialista María Elena Ordóñez admitió que conocía las pegas, pero se fió del entonces alcalde, Gabriel Pérez Villalta, quien les aseguró que tenía un informe jurídico que avalaba el proyecto, un documento que, por otro lado, no aparece.

Pérez Villalta y su sucesor, David Moreno, declararon anteayer lunes, defendiendo la actuación de la corporación. Moreno acudió ayer también al Juzgado, para "dar apoyo moral" a quienes fueron sus compañeros. La gran ausente ha sido la actual portavoz del PP en la Junta General del Principado, María Teresa Mallada, por entonces concejal, quien en su calidad de diputada regional está aforada y, por lo tanto, sólo puede ser interrogada ante los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).