La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de admitir a trámite los recursos presentados por un colectivo ecologista de defensa del lobo contra los nombramientos de cuatro directores generales de la Consejería de Desarrollo Rural por no ser funcionarios y no estar debidamente justificadas dichas designaciones. No es la primera vez que el Principado recibe una denuncia judicial por el nombramiento de altos cargos ya que en 2012 el sindicato USIPA entabló un pleito porque la mayoría de sus directores generales no eran funcionarios, como marca la ley. Los tribunales acabaron dando la razón a USIPA y anularon 12 de los 36 nombramientos al término de la legislatura en 2015.
La asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico (Ascel) considera que las resoluciones de nombramientos de los directores generales de Ganadería; Medio Natural; Planificación de Infraestructuras y Montes y Desarrollo Rural no están debidamente justificadas ya que al no tratarse de funcionarios de la Administración deberían motivarse los requisitos por los que han sido elegidos.
El colectivo de defensa del lobo sostiene que "todas menos una de las direcciones generales de Desarrollo Rural son radicalmente cuestionables" ya que, a su juicio, están "lejos del perfil idóneo o adecuado para tan altas responsabilidades".
El Gobierno asturiano tras el varapalo que supuso el rechazo a una docena de sus nombramientos cambió la ley autonómica de función pública para flexibilizar el nombramiento de directores generales que no fuesen funcionarios. El colectivo ecologista argumenta que esos cambios normativos introducidos por el Principado "no son óbice para que sigan en vigor normas españolas que establecen criterios de exigencia e idoneidad en el acceso a estos puestos básicos" de la Administración pública.
En concreto, dos de esos dos directores generales, Saturnino Rodríguez (Ganadería) y Fernando Prendes (Planificación Agraria y Montes) eran titulares hasta su nombramiento de una explotación ganadera mientras que Begoña López, la nueva directora general de Desarrollo Rural ha sido gerente de una empresa cárnica, además de formar parte de la ejecutiva de la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias. El cuarto alto cargo cuyo nombramiento ha sido recurrido es David Villar (Medio Natural), licenciado en Geológicas con experiencia en el sector forestal.
El TSJA, además de admitir a trámite el recurso del colectivo ecologista, ha dado un plazo de 20 días a la Consejería de Desarrollo Rural para que remita una copia de las resoluciones de los cuatro nombramientos al objeto de comprobar si están o no suficientemente argumentados.
Ascel entiende que esos nombramientos forman parte de una política que "supone un retroceso a posiciones que supeditan lo ambiental, lo público a intereses sectoriales, privados y rancios" y recuerda que uno de los nombramientos anulado en 2015, a raíz del recurso presentado por USIPA, fue el de Serafina Álvarez, "pieza clave en la elaboración del II Plan del Lobo astur, es decir en la continuidad de la gestión de matar lobos para nada".
