E. R. F., la canguesa de 63 años acusada de sacar a la anciana que cuidaba, de 83, más de 9.000 euros en apenas unos meses, ha negado esta mañana haberse quedado con dinero alguno, y ha apuntado que fue la mujer mayor, fallecida hace dos años, la que gastaba el dinero sin control: "Tenía mucha vida social, salía a comer con sus amigas, a tomar café, iba a la peluquería, se compraba potingues en la farmacia". La hermana de la acusada, procuradora en tribunales, abundó en la misma tesis: "Yo la encontraba por las terrazas de fiesta, rodeada siempre de muchos amigos, era muy de limosnas a la Virgen del Carmen y a los pobres".

El febrero de 2016, cuando la hija de la víctima se dio cuenta de que su madre tenía la cuenta en números rojos, convocó a la cuidadora y le hizo firmar un documento en el que reconocía una deuda de 9.000 euros. Ahora, la acusada dice que firmó obligada. "Me coaccionaron, yo estaba en shock, no sabía qué hacer", aseguró esta mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial. El fiscal Gabriel Bernal le preguntó por qué no había denunciado, pero ella dijo que había quedado paralizada. La hija de la mujer relató además cómo había encontrado la casa sucia y hasta agua estancada en el frigorífico.

La acusada había conocido a la víctima, A. M. F., rezando en la capilla del Carmen. La anciana iba al templo todos los días. Hacía un año que se había quedado sola, después de que su hermana entrase en una residencia. Su hija, residente en Madrid, la convenció para que contratase a una asistente. La acusada tenía problemas económicos. Había estado cuidando a su madre hasta el fallecimiento. Según la hija de la víctima, le ofrecieron 200 euros por acudir tres veces a la semana a casa de la anciana, dos horas diarias. La acusada dice que iba todos los días y acordaron que le pagasen 500 euros.

La cuidadora asegura que era la anciana la que manejaba el dinero, y que solo al final la autorizó a realizar reintegros de la cuenta porque estaba enferma. Admitió haber realizado solo dos reintegros de 600 euros. El fiscal mantuvo su petición de dos años y cuatro meses de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida, o alternativamente dos años y dos meses por hurto y apropiación. La acusación particular se adhirió, y la defensa pidió la libre absolución, o subsidiariamente, en caso de condena, la aplicación de dilaciones indebidas.