El grupo parlamentario de Izquierda Unida tratará de utilizar la negociación del presupuesto autonómico de 2020 para fijar entre sus prioridades de financiación su programa de empleo "verde y social" con preferencia de participación para los perceptores del salario social básico. El diputado de la coalición Ovidio Zapico planteó la cuestión y su marco esta mañana, defendió la conveniencia de un plan en el que habría de elevarse los emolumentos de los intervinientes hasta sueldos por encima del salario mínimo y en el que bajo determinadas condiciones los beneficiarios de la ayuda autonómica podrían intervenir, entre otras actividades, en la erradicación de especies invasoras como el plumero de la Pampa o el avispón asiático o en los arreglos de las deficiencias que han sido detectadas en la Senda del Oso. IU esperará antes de concretar el coste de la medida, que también será planteada en las reuniones preparatorias del próximo acuerdo de concertación social.

Zapico, que compareció acompañado por la exconsejera bajo cuyo mandato se puso en marcha el salario social, Laura González, presentó la moción que su grupo llevará al próximo pleno de la Junta, que además pide apoyo entre otros asuntos para la agilización del retorno al salario social de los perceptores que consiguen un empleo temporal, y tuvo una petición de "mesura y rigor" para el presidente de la patronal de la construcción, Joel García, que hace unos días denunció situaciones de abuso de la prestación en su sector. Sus declaraciones sobre los beneficiarios que "chollean en la obra" fueron, según Zapico, "desafortunadas". A su juicio, el representante de los constructores, al que acusa de "sembrar dudas basadas en infundios y meras suposiciones", "pone injustamente en el punto de mira a los más de 22.000 asturianos que por sus condiciones de vulnerabilidad tienen este salario social como garantía de subsistencia". Anima Zapico a García a "arrimar el hombro para crear empleo de calidad" e inscribió en este marco la propuesta de empleo "verde y social" vinculada a la concertación.

"Hay una parte de los grupos políticos y del empresariado", resalta Zapico, "que cuestionan día tras día esta herramienta tan importante de garantía vital para esas 22.000 personas. En la pasada legislatura asistimos a una campaña de acoso y derribo del PP a los pilares fundamentales del salario social y yo apelaría a parte de esa derecha que presume de tener principios ideológicos cristianos para que se lo haga mirar y vea por ejemplo las políticas sociales que ha puesto en marcha en el País Vasco un referente de la democracia cristiana como es el PNV".

Laura González, la consejera bajo cuyo mandato se puso en marcha la ayuda en 2005, celebró la constancia de que más de un decenio y una devastadora crisis económica después de aquel momento "los últimos informes de Caritas y la Red Europea contra la Pobreza dicen que Asturias está seis puntos por debajo de la media española" de la necesidad. Por lo demás, la estructura del colectivo de perceptores se mantiene, reseñó, con "un sesenta por ciento de mujeres con cargas familiares y un treinta de personas que reciben pensiones no contributivas que el salario social complementa".

También ella hizo hincapié en la relajación de la burocracia "que abrasa" a los beneficiarios que quieren volver a percibir la ayuda tras disponer de un contrato laboral de tres o cuatro meses y resaltó que "sigue siendo una herramienta útil para muchas familias". A "quien dice que fomenta vagos" les responde que "480 euros no enriquecen a nadie" y respecto a la polémica de rebrote frecuente sobre los abusos aseguró que "tiene que haber inspecciones, pero debería perseguirse sobre todo otro fraude, el de los evasores o las grandes empresas en paraísos fiscales".