El grupo parlamentario de Izquierda Unida tratará de utilizar la negociación del presupuesto autonómico de 2020 para fijar entre las prioridades de financiación su programa de empleo "verde y social" con preferencia de participación para los perceptores del salario social básico. Aprovechando que sus dos votos hacen falta de entrada para acercar al PSOE a la mayoría necesaria para sacar adelante las cuentas, el diputado Ovidio Zapico planteó la cuestión y su marco presupuestario en una comparecencia conjunta con Laura González, la exconsejera bajo cuyo mandato nació la prestación básica en 2006.

Defendió el parlamentario, en la línea de su apelación conocida al Principado, la conveniencia de instituir un plan que no precarice el empleo ni haga trabajar sin más a los beneficiarios, que eleve los emolumentos de los participantes por encima del salario mínimo y en el que bajo determinadas condiciones los perceptores de la ayuda autonómica puedan aportar mano de obra para la erradicación de especies invasoras como el plumero de la Pampa o el avispón asiático o en los arreglos de las deficiencias detectadas en la Senda del Oso. IU esperará antes de concretar el coste de la medida, que también será planteada en las reuniones de la concertación social.

La coalición llevará al próximo pleno de la Junta la moción subsiguiente a su interpelación sobre este asunto a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en la que además pide apoyo para la agilización del retorno al salario social de los perceptores que consiguen un empleo temporal. En esta propuesta se incluye asimismo la demanda de "un sistema de prestaciones de ámbito estatal" en el que al hilo del acuerdo recién suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos "el Gobierno central asuma un papel decisivo a la hora de coordinar y financiar estas ayudas" sin sacar la gestión de las competencias autonómicas.

Zapico tuvo también su propia petición de "mesura y rigor" para el presidente de la patronal de la construcción, Joel García, que hace unos días habló de situaciones de abuso de la prestación en su sector. Las declaraciones sobre los beneficiarios que "chollean en la obra" fueron, según Zapico, "desafortunadas" y con ellas, a su juicio, el representante de los constructores "siembra dudas basadas en infundios y meras suposiciones" y "pone injustamente en el punto de mira a los asturianos que tienen este salario social como garantía de subsistencia". Anima Zapico a García a "arrimar el hombro para crear empleo de calidad" e inscribe en este marco la propuesta de empleo "verde y social" vinculada a la concertación.

"Hay una parte de los grupos políticos y del empresariado", resalta Zapico, "que cuestionan día tras día esta herramienta de garantía vital" por razones ideológicas. "En la pasada legislatura asistimos a una campaña de acoso y derribo del PP a los pilares fundamentales del salario social".

Laura González, por su parte, reapareció en público para celebrar la constancia de que más de un decenio y una devastadora crisis económica después de aquel momento "los últimos informes de Caritas y la Red Europea contra la Pobreza dicen que Asturias está seis puntos por debajo de la media española" de la necesidad. Por lo demás, la estructura del colectivo de perceptores se mantiene, reseñó, con "un sesenta por ciento de mujeres con cargas familiares y un treinta de personas que reciben pensiones no contributivas". También ella acentuó la necesidad de relajar la burocracia "que abrasa" a los beneficiarios que quieren volver a serlo tras disponer de un contrato temporal. A "quien dice que fomenta la vagancia" le responde que "480 euros no enriquecen a nadie" y respecto a la polémica de rebrote frecuente sobre los abusos admite que "debe haber inspecciones, pero debería perseguirse sobre todo otro fraude, el de los evasores o las grandes empresas en paraísos fiscales".