El PP requiere del Gobierno del Principado un gesto fiscal en el presupuesto de 2020, un primer "esfuerzo" visible en el próximo ejercicio bajo cuyo influjo podrían llegar a aceptar un compromiso de reducción "paulatina" de impuestos a lo largo de la legislatura. La portavoz popular en la Junta, Teresa Mallada, y el diputado Pablo González han expuesto esta mañana en esos y otros términos la oferta del PP en la negociación de las cuentas autonómicas para el próximo año. Han hecho llegar al Gobierno del Principado un documento de doce prioridades que parte de esa rebaja fiscal que se aceptaría progresiva con condiciones y se complementaría con una incidencia sobre los gastos centrada en un frente común para mejorar la financiación autonómica y en una nueva "reordenación del sector público autonómico".

Proponen bajadas fiscales un día después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, haya explicitado sus planes en este aspecto asegurando que sólo pretende tocar los impuestos valorando si conviene instituir uno a las casas de juego a iniciativa de IU. Sugieren varias, pero si ordenan sus prioridades concretan que en ese "esfuerzo" del corto plazo sería "fundamental" la atención fiscal a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y que estarán dispuestos, teniendo en cuenta que el Gobierno se cierra en banda a su reiterada demanda de eliminación del Impuesto de Sucesiones, "a llegar a un acuerdo con el Principado para reducir la plusvalía a los ayuntamientos a cambio de que esa merma de financiación se supla desde la administración regional. Y hay muchas otras posibilidades", remata Mallada.

En este capítulo de la rebaja tributaria, su documento habla de supresión o reducción de impuestos, "con prioridad para el IRPF y Sucesiones", "hasta al menos equipararnos al resto de comunidades autónomas", y propone incluir en la financiación autonómica "una cláusula de compensación de forma que la mitad de todos los ingresos recibidos por esos conceptos por encima del nivel actual se destine a rebajar el esfuerzo fiscal. Doscientos millones de financiación añadida a la actual", dicen, "podrían compensar la supresión de facto el Impuesto de Sucesiones, y aportar otros cien millones a extender la prestación de servicios públicos deficitarios". También habla de un "plan de choque" con "medidas fiscales, liberalizadoras y en general compensatorias para vivir y trabajar en las zonas más rurales de nuestra región" y de los mencionados beneficios para revertir el "retroceso" del número de autónomos y pymes en la región.

Hay en el texto varios epígrafes de "gastos prioritarios" que incluyen la gratuidad de las escuelas infantiles "a lo largo de la legislatura" y urgen al Principado a "decidir qué infraestructuras de comunicaciones deben ser abordadas" en el ciclo legislativo recién iniciado y "cuáles no". Hablan asimismo de "un frente común" para la reclamación de las grandes infraestructuras pendientes -a la alianza "social y política" promovida por el Principado en la pasada legislatura sólo se sumó un partido, IU- y de "un nuevo modelo de gestión de destinos aéreos internacionales". En su incidencia sobre el ahorro, el PP se concentra en el ajuste de un sector público autonómico cuya configuración ve "fruto de las necesidades de otra época" y "resultado de un crecimiento motivado por intereses parciales o políticos". Se trata, dicen, de "ajustar su tamaño para garantizar su viabilidad, eliminado o fusionando aquellos organismos que dupliquen servicios o no alcancen un nivel mínimo de eficiencia".

Mallada se pronunció también esta mañana, por otro lado, sobre la polémica reabierta en la Junta en el pleno de ayer, cuando el diputado popular Álvaro Queipo decidió utilizar la fala para defender una propuesta sobre el nombre de la "ría del Eo" y fue reconvenido por la presidencia de la cámara a instancias de los diputados de Vox. Tras reafirmar que la postura del PP, contraria a la oficialidad, no ha cambiado, la portavoz explicó que Queipo lo hizo "con un motivo muy claro, trasladar cómo vemos este asunto en el PP, sí a la defensa de nuestras tradiciones, no a las imposiciones". Respecto a la propuesta de reforma del reglamento de la cámara que impulsa IU para tratar de que se permita a cualquier persona utilizar el asturiano en la Junta, Mallada no descartó nada, sólo aseguró que "se está valorando. Hay que ver las condiciones que plantea ese cambio". El PP fue una de las fuerzas que votó en contra de la toma en consideración de la propuesta.