Quedan algo más de tres meses para que la Universidad de Oviedo entre en modo electoral, pero ayer, en la reunión del claustro, hubo un anticipo. El rector Santiago García Granda y el constitucionalista Ignacio Villaverde, los dos candidatos por ahora conocidos, se cruzaron reproches en un improvisado cara a cara, que llevó al químico a criticar la gestión del anterior Consejo Social, del que Villaverde fue secretario. "Espero que el nuevo órgano -cuya constitución se está negociando- apoye las iniciativas de la Universidad y vaya en pro de la flexibilidad de la institución académica y no en el entorpecimiento. Porque lo que he vivido con el Consejo Social fue lo contrario: siempre nos han rebajado la pretensiones presupuestarias. Nunca he visto ninguna iniciativa a favor de subir nuestra financiación", protestó Granda. Entre las competencias de este órgano de participación de la sociedad asturiana está la de aprobar el presupuesto anual de la Universidad.
El catedrático de Derecho Constitucional fue el primero en abrir fuego. Defendió, en el turno de las intervenciones claustrales, que la institución "necesita un cambio" después de "cuatro años de aislamiento y parálisis". Y se vio incluso como ganador: "La contratación de acreditados era responsabilidad del anterior Rector, del actual y espero que mía también". Tras varios minutos de recriminaciones, Santiago García Granda contestó. Le recordó que "la campaña electoral todavía no ha empezado" y que su equipo trabaja por "colocar a la Universidad en lo más alto". La réplica de Villaverde no se hizo esperar: "Los dos estamos en campaña. Su informe sonó a campaña, intentando sacarse conejos de la chistera".
Se refería el constitucionalista al documento que el Rector presentó con los principales logros de este curso -y de los anteriores-. En relación al estudiantado, García Granda destacó, entre otras, la bajada de casi el 30% con respecto a 2016 en el precio de las matrículas; el incremento de movilidades nacionales e internacionales; y el avance en las prácticas de empresa, que "supera las 2.000, de las cuales 1.000 son remuneradas". Sobre esto último, dijo que su objetivo es que "todas sean pagadas". Con respecto al personal de administración y servicios (PAS), el Rector puso el acento en la convocatoria de 242 plazas entre 2017 y 2019. Y del personal docente e investigador insistió en las 120 plazas que sacaron para rejuvenecer la plantilla y en la inversión de un millón de euros para potenciar los laboratorios.
Plan de titulaciones duales
En su intervención, Granda también dibujó cuáles serían sus prioridades para este curso. Algunas de ellas: reducir la actividad docente de 320 a 240 horas, seguir profundizando en el inglés "para ser una de las universidades con más programas bilingües", sacar un plan piloto de titulaciones duales y realizar dos estudios para implantar un grado abierto en Asturias y mejorar la orientación académica de los alumnos. El Rector detalló, por otro lado, que la gerente Ana Caro está negociando con el Principado los futuros presupuestos de la Universidad, que pueden, como máximo, aumentar un 2,8%. Es decir, "podríamos hablar de un aumento de más del 6 millones, aunque creo que no llegaremos a tanto", lamentó Granda.
En la reunión del claustro de ayer nombraron representantes de los profesores y del personal de administración a Ana María Fernández y a Miguel Martínez, respectivamente. También se aprobó la declaración de la Universidad sobre el estado de emergencia climática, que coincidió "por azar" con la cumbre de Madrid. La defensora universitaria, Paz Andrés, presentó su informe anual, con 227 casos atendidos, la mayoría, 168, procedentes de los estudiantes. "Seguimos teniendo escasas peticiones de mediación: solo 12, de las cuales 10 son de alumnos", señaló. Andrés hizo varias recomendaciones. Una de ellas, avanzar en la administración digital, ya que, apuntó, "existen trámites que aún no se pueden hacer por medios electrónicos". Asimismo, pidió mejoras las condiciones del PAS, tras la reducción de la jornada laboral acordada para mayores de 65 años y personas con discapacidad.
