Los sindicatos ANPE y UGT cargaron ayer contra el Gobierno de Asturias por someter a los docentes de la región a una "doble discriminación". Por una parte, subrayaron sus responsables, los profesores asturianos "somos los peor pagados del Estado"; por otra, "el Principado impide el acceso de miles de profesores al segundo nivel de desarrollo profesional, al tiempo que abre la carrera profesional al resto de empleados públicos". Se trata, agregaron ambas organizaciones, de "un doble rasero que denunciamos con rotundidad".

Esta protesta sindical se produce tras la aprobación, por parte del Ejecutivo que preside Adrián Barbón, de los Presupuestos del Principado para el año 2020. Y es que las cuentas han supuesto un jarro de agua fría para el colectivo docente. En un comunicado conjunto difundido ayer, UGT y ANPE señalan que el pasado 8 de noviembre la Consejería de Educación anunció la consignación de una partida presupuestaria de 6 millones de euros para 2020 destinada a abrir el segundo tramo del Plan de Evaluación de los profesores asturianos. Con esta medida, el Gobierno pretendía "poner fin a la discriminación del personal docente", en palabras que los sindicatos atribuyen a los responsables educativos del Principado.

Entre 1.500 y 2.500 euros

Superar la evaluación docente -objetivo que consigue la práctica totalidad de los profesores con al menos cinco años de antigüedad que tramitan la correspondiente solicitud- implica el cobro de un plus salarial que en el primer tramo rebasa los 1.500 euros brutos al año para los maestros y los 2.500 para los profesores de Secundaria.

Tras el citado anuncio que tanto estimuló a los sindicatos y a los profesores, el pasado día 3 se celebró una reunión de la Mesa General de la Comunidad Autónoma, en la que la directora general de Función Pública, Margarita Vega, "nos anunció sorpresivamente que el segundo plan no estaba contemplado en los Presupuestos del Principado para 2020, con el único argumento de que había que 'cuadrar los presupuestos en Educación'".

Según el comunicado de ANPE y UGT, el Gobierno socialista de Asturias "admite la discriminación, pero incumple los acuerdos a los que llega con las organizaciones sindicales, incumple su programa electoral y sólo espera a que sean los tribunales los que le obliguen a cumplir sus compromisos".