En su papel de patrón de la empresa con más trabajadores de Asturias, el Principado cubre con las subidas de la partida de personal casi la mitad del incremento de su proyecto de Presupuesto para 2020 y destina a su vez cerca de la mitad de este aumento a subidas salariales y pluses de empleados públicos. En total, el coste de la plantilla de asalariados públicos crece en 103 millones y toca techo en 1.831, compromete casi cuatro de cada diez euros del gasto total programado para el año que viene y experimenta el ascenso más voluminoso de la década tanto en términos absolutos como relativos. Como quiera que se crean 28 nuevas plazas, pero que la plantilla sube sólo en diecisiete por la amortización de once, más de la mitad de la elevación del coste se va en mejoras retributivas y suplementos para la plantilla. Sólo las subidas salariales y los pluses de carrera profesional se comen la mitad del incremento, casi 36 y más de doce millones de euros, respectivamente, y eso pese a que el Gobierno aún no hará frente este año, para disgusto de los profesores, al compromiso de asumir el segundo nivel del complemento retributivo de la carrera de los docentes, lo que habría añadido una factura adicional de seis millones.
Según el desglose que hace el Gobierno en su proyecto de cuentas, el mayor aumento de gasto en personal, 35,84 millones de euros, lo compromete la reserva de fondos para atender la subida salarial pactada con los empleados públicos. De entrada, el proyecto de cuentas no contempla el alza salarial que el Gobierno estatal acordó en marzo con los sindicatos, dado que no hay Presupuestos Generales del Estado y que el Ejecutivo central ha aducido que no puede darla de paso estando en funciones, pero sí se guarda esos 35,8 millones para aplicar cuando proceda una subida que está ligada al crecimiento de la economía y que el proyecto de cuentas del Principado calcula en un dos por ciento.
El reconocimiento de los pluses salariales de la plantilla eleva el gasto en siete millones para hacer frente el complemento de carrera profesional de los interinos, largamente demandado y blindado por sentencia judicial, y 5,2 para cubrir el acceso a la carrera del personal estatutario temporal de todas las categorías del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Para los trabajadores de la administración de justicia se incluye el último tramo del complemento específico pactado en el acuerdo para la modernización del servicio.
El proyecto arrastra, por lo demás, otros compromisos del pasado y necesita incrementar la partida de personal en otros 17,75 millones para hacer frente al coste anual del incremento de plantilla aprobado el año pasado. Se crearon entonces 1.213 plazas, básicamente para hacer frente a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales y por la transformación de empleo temporal en estructural, pero como quiera que fueron incorporándose a la plantilla a lo largo del año y para 2019 sólo se presupuestaron 14,6 millones de su coste de más de treinta, en las cuentas de 2020 es preciso incluir el resto del desembolso.
El gasto también aumenta, en este caso en 10,5 millones -9,2 correspondientes al Sespa-, como consecuencia de la elevación de los topes de cotización a la Seguridad Social decidida cuando hace un año se acordó revalorizar las pensiones conforme al IPC. Hay además 3,5 millones de alza imputables al cambio de régimen de cotización de los nuevos funcionarios docentes y de justicia y se consigna el millón de euros anunciado por el incremento de la estructura de las consejerías, que con el nuevo gobierno han crecido de ocho a diez, con la consiguiente subida de altos cargos.
La factura más alta que ha conocido el personal al servicio del Principado prevé gastar 280.000 euros en crear doce plazas en justicia y dieciséis en el Sespa, si bien las primeras -nueve para juzgados decanos y tres de apoyo en órganos judiciales- vienen de la estabilización de personal nombrado ya como refuerzo en ejercicios anteriores. Los nuevos puestos sanitarios serían ocho dentistas y ocho higienistas dentales destinados en Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo para hacer frente al compromiso novedoso de extender la atención bucodental pública a menores de seis años.
Con ese ascenso y la resta de once plazas, una en la Junta y diez en la administración por acuerdos de transformación de la estructura adoptados en el Consejo de Gobierno, la plantilla de la mayor empresa de Asturias para el ejercicio de 2020 suma 36.621 plazas, diecisiete más que en 2019 y excluyendo contrataciones o nombramientos temporales. Otras fuentes que sí lo cuentan todo, como la Seguridad Social, sitúan la afiliación del sector público autonómico por encima de las 39.000 personas. Tres de cada cuatro son empleados de la salud y la educación, casi el 41 por ciento están adscritos al Sespa y un tercio, a la Consejería de Educación.
