Más cargos políticos, directivos y asesores a dedo de nueva creación que empleados públicos. El proyecto de Presupuestos del Principado crea más plazas nuevas de altos cargos y personal de confianza que de empleados públicos. Este es el resumen que hace el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies tras el análisis de las plantillas de personal incluidas en el informe de personal del proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2020.

El colectivo señala que en la página 28 del informe (Tomo 8 del proyecto de Presupuestos) se refleja "claramente la realidad": La plantilla de empleados públicos para el ejercicio 2020 suma en su conjunto un total de 36.621 plazas, y está integrada por 16.253 plazas de personal funcionario, 6.026 plazas de personal laboral y 14.342 plazas de personal estatutario". Esa cifra total incrementa en 17 plazas la plantilla del actual ejercicio 2019, que asciende a 36.604 plazas (16.250 de funcionario, 6261 de laborales y 14.093 de estatutarios).

Según las cuentas del Conceyu, el número de altos cargos, cargos directivos y personal de confianza pasa de 260 (año 2019) a 286 (presupuestos para el 2020), es decir, aumenta en 26 plazas más. De 84 altos cargos se pasa a 92, de 82 cargos directivos a 84 y de 94 eventuales (asesores de confianza) a 110.

"Parece evidente que el Gobierno del Principado ha optado por consolidar la Administración Pública como agencia de colocación de afines, en lugar de potenciar un empleo público de calidad, estable, suficiente y seleccionado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad", indica el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies, que lanza una pregunta: "¿Qué sentido, tiene, por ejemplo, que el número de asesores a dedo de la Presidencia pase de 7 a 18 o que la Sindicatura de Cuentas necesite de cuatro enchufados de confianza?"

El Conceyu señala que todo el dinero "derrochado" en esos 26 nuevos puestos de confianza política estaría "mucho mejor empleado reforzando la plantilla de los centros educativos o de los establecimientos residenciales para menores o ancianos, por poner dos ejemplos de servicios públicos esenciales".

El gasto público que suponen esas 26 nuevas plazas políticas es, según el colectivo denucniante, "un gasto superfluo que es necesario denunciar, porque alimenta la partitocracia y se detrae de fines sociales de primera necesidad".