La comparecencia ayer en la Junta General de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, y su equipo directivo para detallar las líneas maestras del proyecto de presupuesto de su departamento para 2020 evidenció, por un lado, el intento de acercamiento a Ciudadanos, formación para la que hubo varios guiños, y por otro, el alejamiento de Podemos, plasmado en un agrio rifirrafe entre el diputado de la formación morada Rafael Palacios y el director general de Vivienda, Fermín Bravo.
La Consejería, en su exposición inicial, destacó la "apuesta firme" del Ejecutivo "por el fortalecimiento del Estado de bienestar", reflejado en el aumento del presupuesto de ese departamento hasta los 445 millones, 5 más que el de este año. Subrayó que los cuatro ejes sobre los que pivota el proyecto son: "Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, defender sus derechos sociales, garantizar la igualdad de oportunidades y blindar las prestaciones sociales reconocidas".
Melania Álvarez destacó que el 80 por ciento del presupuesto se destina a atender a personas en situación de vulnerabilidad y manifestó su empeño en acabar con la lista de espera de la dependencia, de 24 meses en algunos concejos. Prevé una asignación de 903.500 euros para hacer frente a ese objetivo y lograr "que en un año todas las solicitudes se resuelvan en plazo y el número de beneficiarios aumente en un 18 por ciento, hasta los 25.400".
Con Ciudadanos hubo intercambio de citas. Primero, del filósofo Jean-Paul Sartre. A la elegida por la Consejera, "El compromiso es un acto, no una palabra", replicó el diputado Luis Armando Fernández Bartolomé con "El infierno son los otros", para a continuación añadir otra del dictador chino Mao Zedong: "Gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones", en referencia a que resulta indiferente si la titularidad de los servicios sociales es pública o privada, pues "lo que importa a los ciudadanos es que el resultado sea bueno".
Fernández Bartolomé expuso las exigencias de su partido para apoyar los Presupuestos: evaluación de las políticas públicas para evitar el clientelismo, transparencia para que la ciudadanía pueda controlar de manera efectiva en qué se gastan sus dineros, y reformas estructurales. Si se cumplen esas demandas, "ahí estaremos", dijo el parlamentario, que sí reprochó que los Presupuestos sean "inerciales" y "continuistas".
La discusión de la jornada llegó cuando Rafael Palacios se interesó por una convocatoria realizada hace unos meses por Vipasa con solo 48 horas para presentar ofertas, circunstancia que calificó de "injustificada" y sobre la que reclamó una investigación. Fermín Bravo, tras asegurar que el procedimiento fue "absolutamente legal", criticó que el parlamentario de Podemos hubiera lanzado "veladas acusaciones en un foro político", en vez de en los Juzgados, de que se pudiera haber beneficiado a alguien. Palacios fue contundente en su réplica: "Ustedes vienen aquí para contestar, las preguntas y el tono los decido yo".
Palacios también señaló las demandas de Podemos para apoyar el Presupuesto socialista: "Haría falta una clara voluntad política contra las privatizaciones" de los servicios sociales y a favor de la "eliminación de las listas de espera", entre otras medidas que el parlamentario cifró en "solo 10 millones de euros".
Calificó de "vergüenza" que el Ejecutivo se escude en la recuperación de la jornada de 35 horas de los funcionarios públicos para "justificar ajustes, recortes y fracasos en la gestión". Y pidió al Gobierno que decida si prefiere "recalar el barco de los Presupuestos en la orilla derecha o en la izquierda", donde hay un "buen puerto", para evitar "el naufragio". La Consejera no reveló hacia qué orilla prefiere avanzar y se limitó a señalar que para sacar adelante las cuentas prefiere "el barco del diálogo".
El PP calificó el Presupuesto de "engañoso" y "continuista". Calificó la gestión socialista de "alarmante" y dijo que el proyecto presentado no garantiza "el bienestar ni la cohesión social" y mantiene "completamente abandonado al medio rural". Foro mostró su apoyo a buena parte del proyecto, aunque calificó de "insuficiente" la partida reservada para dependencia, que a su juicio no permitirá acabar con las listas de espera.
IU mostró su respaldo a las cuentas, que inciden en las políticas progresistas que, a su juicio, se ejecutan en Asturias gracias en parte a esa formación y que supusieron "diques de contención" gracias a los cuales la crisis económica afectó en menor medida "a los más desfavorecidos". Vox criticó el proyecto de Presupuestos al considerar que el dinero "no llega a quien lo necesita"; por ejemplo, "a las familias numerosas". El PSOE aplaudió las cuentas, que persiguen "la justicia social" y "luchar contra la desigualdad".
El proyecto contempla un crédito inicial para la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales de 168,8 millones euros, un 3,5 por ciento menos que en 2019. La disminución responde "al cambio de tendencia experimentado en el salario social básico, ya que por primera vez está descendiendo el número de personas beneficiarias", destacó la Consejera, que resaltó que, en respuesta a esta tendencia y fruto de "la mejora de la gestión", el crédito inicial es de 116.750.000 euros, lo que permitirá atender a alrededor de 22.000 familias. Añadió que la "prioridad" es favorecer la reincorporación de los beneficiarios del salario social al mercado laboral a partir de medidas de formación "vinculadas a la economía verde y del cuidado a personas".
El Presupuesto contempla 216 plazas públicas más para personas mayores, que gestionará el organismo autónomo ERA. Serán 66 plazas en el centro polivalente de recursos del Naranco, en Oviedo, 120 en la residencia que se está construyendo en Lugones (para cuya finalización se prevé una partida de 2,4 millones) y 30 en Tineo.
