Los esfuerzos se redoblaron en meses anteriores en Asturias en busca de prácticas delictivas entre empresarios para evitar hacerse cargo de sus obligaciones con la Seguridad Social. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social desplegaron un operativo en la región contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la restauración, la hostelería, la panadería, el procesado de carne, la limpieza, la asesoría, la ingeniería, la construcción, la climatización, la calderería y la educación. En total, 32 personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial por una estafa que asciende a 7.520.470,48 euros.
Las investigaciones comenzaron concretamente en marzo, tras recibir varias denuncias que alertaban de las presuntas irregularidades cometidas en diversas empresas situadas en los partidos judiciales de Avilés, Gijón, Langreo, Mieres y Oviedo. Los empresarios de las sociedades indagadas no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho, con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. "Tras un minucioso estudio de la documentación", ha informado la Policía Nacional, "se observó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, y, para ello, en varios de los casos crearon sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas".
Los 32 responsables del delito puestos a disposición de la justicia serían "los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros". Se les imputa delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones) e insolvencia punible. También se atendió una reclamación judicial de uno de los investigados.
Una adjudicataria de un servicio público
Uno de los grupos empresariales deudores investigados tenía encomendada "la prestación de un servicio público para el procesado, conservación y comercio de carne". Según los investigadores, su administrador no efectuó el alta en la Seguridad Social de sus trabajadores hasta 2014 pese a hacerse cargo de la actividad desde el año 2005, "figurando los mismos en una segunda empresa que soportaba las deudas que se generaban por los impagos de los seguros sociales".
El responsable detenido "ha desarrollado su actividad durante años a través de sociedades adjudicatarias de concesiones administrativas supramunicipales en distintos puntos de la geografía asturiana, causando un perjuicio a la Seguridad Social que asciende a 3.304.698,68 euros".
Testaferro con discapacidad psíquica
En el descubrimiento de una sucesión empresarial opaca, que generó una deuda total por importe de 154.204,58 euros a la Tesorería, se observó que en las sociedades se colocaban testaferros, "hombres de paja al servicio del verdadero administrador de las sociedades", según explican los agentes.
De los tres administradores inscritos en el Registro Mercantil, y que no realizaban ninguna labor de dirección en las sociedades, el primero ejercía como administrativo en las mercantiles y el segundo como peón albañil para el verdadero dueño. La tercera persona, y supuesta administradora, padecía una minusvalía psíquica permanente del 65% decretada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias. "Fue colocada ahí por un familiar, que era su cuidador no profesional a tiempo completo y responsable en la sombra de las empresas investigadas", añade la nota enviada por la Policía Nacional.
Un alta falsa para ganar una pensión
Los investigadores de la Policía Nacional también encontraron otra llamativa práctica ilegal. Lo hicieron al analizar una mercantil que había generado una deuda de más de 100.000 euros por el impago de seguros sociales de sus trabajadores, cuando descubrieron un alta ficticia en una de las empresas del administrador detenido por estos hechos.
El alta simulada se realizó al padre del empresario, quien estaba, según la investigación, "gravemente enfermo e impedido de cualquier actividad y que, además, falleció al poco tiempo". Pese a no pagar los seguros sociales a sus trabajadores, impuso a su padre el tope máximo establecido en la normativa de aplicación para 2019, base para el cálculo de prestaciones de la Seguridad Social que pudieran corresponder.
De las pesquisas se dedujo que se había producido un acuerdo entre la empresa, el "trabajador" y su administrador, con el que se trataba de simular una relación laboral, sin prestación de servicios real. La única finalidad de tal contratación fingida fue "permitir el acceso indebido a prestaciones públicas mediante su alta en la Seguridad Social y siempre con el objeto de cumplir en apariencia los requisitos necesarios para generar la pensión de viudedad de la que posteriormente se lucraron sus beneficiarios".
