La defensa del exconsejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre, que cumple cinco años y dos meses de prisión por el “caso Marea”, ha solicitado a la juez de Vigilancia Penitenciaria de Asturias su pase a tercer grado para su salida en libertad condicional por “razones humanitarias”. La Audiencia Provincial ya rechazó su excarcelación el pasado mes de octubre, al oponerse la Fiscalía y considerar que podía ser tratado de sus dolencias en prisión.
La abogada Anabel Prieto Torices basa su petición en la elevada edad del exconsejero, que cumplió 80 años en la cárcel, y al disponer de informes médicos que avalan que padece problemas de corazón que podrían agravarse si se prolonga su estancia en prisión.
A esta petición se suma otra solicitud para que el exconsejero sea reconocido por un médico forense, después de que se suspendiera la consulta médica que tenía programada para el pasado día 17 de diciembre en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
La letrada explicó que su petición para que acceda al tercer grado se presenta en aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario al cumplirse los requisitos previstos por la edad y los problemas de salud que presenta.
Prieto se mostró sorprendida de que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias propusiera a Riopedre para ser clasificado en el segundo grado penitenciario, lo que implicará que tendría que seguir las normas correspondientes al régimen ordinario; unas circunstancias que, a su juicio, no encajarían en su caso. La propuesta de la Junta de Tratamiento se remitió a Instituciones Penitenciarias que le dio el visto bueno, según relata la defensa.
Su esperanza está ahora en que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias “revise la resolución de Madrid” y le conceda el tercer grado, una vez que tenga en su poder todos los informes médicos.
Hoy en día, su “mayor batalla, además de la libertad”, subrayó la letrada, es conseguir que se revoque la resolución de la Audiencia Provincial por la que se le deniega la devolución de los 100.000 euros que se revoque la resolución de la Audiencia Provincial por la que se le deniega la devolución de los 100.000 eurosque una plataforma de amigos y familiares entregó como fianza para obtener la libertad provisional cuando en el mes de enero de 2011 ingresó como preventivo en la cárcel asturiana y que abandonó 40 días después.
La defensa ha presentado un recurso contra la resolución denegatoria de la Audiencia Provincial que acordó que esos 100.000 euros sean destinados a sufragar los 400.000 que le fueron impuestos como multa por el “caso Marea” de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración regional.
La letrada, por el contrario, mantiene que no se dan las condiciones de que esa fianza sea considerada como un préstamo al haber sido entregado el dinero voluntariamente por una plataforma “abierta y pública” que recaudó la cuantía fijada para obtener la libertad provisional.
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia solamente le ha concedido la liquidación de condena por la que se descontará al exconsejero un día de prisión por cada diez comparecencias judiciales y un día de prisión por cada mes en el que estuvo pricado del pasaporte, entre el 29 de septiembre de 2017 y el 7 de octubre de 2019.
