El juicio al alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández (PSOE), y a cuatro concejales por una supuesta prevaricación en el proceso para cubrir el cargo de juez de paz en 2016 continuará hoy en la sala tercera de la Audiencia después de que ayer los cinco ediles del Grupo Socialista negasen la existencia de una trama para perjudicar a una de las aspirantes, sobrina de una concejala de Foro. El regidor somedano negó toda motivación política en el descarte de esa candidata, que justificó en que no residía en el concejo.

"Asumo toda la responsabilidad", declaró Belarmino Fernández a preguntas de la fiscal, que en su escrito de conclusiones provisionales solicita una pena de 14 años de inhabilitación para el regidor somedano y diez para los otros cuatro ediles socialistas. "Valoré la disponibilidad de que viviese en Pola o trabajase porque habíamos tenido quejas de vecinos por la tardanza en resolver sus peticiones por parte de una anterior juez de paz", manifestó el regidor somedano ante la sala tercera de la Audiencia. A la convocatoria para cubrir ese puesto se presentaron tres mujeres, dos trabajadoras laborales del ayuntamiento de Somiedo, Rosa Álvarez y Paloma Nieto, y una licenciada en Criminología que en ese momento estaba en el paro tras acabar sus estudios, Sara Álvarez, quien además es sobrina de una edil de Foro de aquella Corporación.

"No hubo ninguna conjura", declaró Belarmino Fernández, quien reconoció en la vista que había comentado a sus compañeros del grupo municipal que esta candidata no era idónea "porque en su currículum decía que residía en Las Regueras", justo antes del primer pleno municipal donde se iba a tratar este nombramiento, el 6 de abril de 2016. Al tratarse ese punto del orden del día, la entonces concejal de Foro Josefina Álvarez comunicó que se ausentaba del Pleno dada su relación de parentesco con una de las aspirantes al puesto de juez de paz, un cargo que cuenta con una remuneración simbólica de entre 80 y 100 euros al mes. Fue su compañero de Foro, también concejal, José Antonio Berdasco, quien alertó de que dos de las candidatas incurrían en incompatibilidad para ese cargo por ser empleadas del Ayuntamiento. El Alcalde, previa consulta al secretario municipal, decidió retirar el asunto del orden del día. "Para mí fue una sorpresa porque en 25 años que llevo en el cargo habían sido varios los empleados municipales que ejercieron de juez de paz sin que nadie advirtiera que era irregular".

Las declaraciones del resto de ediles encausados, José Luis Valle, Angelita García, Azucena Lorences y Alfonso Menéndez, fueron coincidentes con las del regidor. En cambio, el también concejal Berdasco afirmó que "en el Pleno no se dijo que Sara no fuera idónea por donde vivía" y recalcó que "no contaba para nada para el equipo de gobierno". El, entonces edil forista, partido del que se dio de baja el año pasado, declaró que no entendió la decisión adoptada por el Alcalde en un segundo pleno celebrado dos semanas después donde se informó de un decreto en el que optaba por "ampliar el plazo" de dicha convocatoria "para que se presentara más gente". Sara Álvarez decidió recurrir en la vía contencioso-administrativa, que declaró nulo el decreto del Alcalde y advirtió de desviación de poder en sus resoluciones sobre este asunto. En el juicio de ayer, Sara Álvarez afirmó que tras acabar sus estudios fuera de la región, cuando se presentó al puesto de juez de paz "vivía en la casa de mi familia, en el pueblo de Urria, en Somiedo". El juicio fue aplazado hasta hoy, cuando está previsto que declare su tía, la edil Josefina Álvarez.