Cuando Enrique de Balbín sentenció que el marco legal del urbanismo en Asturias es "un paradigma de estupidez", sus colegas de mesa habían llegado por otros caminos a la misma conclusión de que urge poner en hora el reloj de la ordenación del territorio en el Principado. Era la hora de la visión de los urbanistas en las jornadas "Perspectivas de la legislación del suelo en Asturias" y los cinco profesionales del ramo invitados a pasar revista hicieron suyo el diagnóstico. Laura López urgió más que una revisión de la ley actual "un cambio de paradigma" y Arturo Gutiérrez de Terán asintió a la sensación de que la legislación está "trasnochada", resulta demasiado compleja y detallista y es una suerte de vestigio pensado para un momento de crecimiento urbano e industrialización expansiva que se parece muy poco a éste.

"No responde a nuestra realidad", resumió Laura López en la apertura de la segunda sesión del ciclo que desde el pasado día 9 y hasta el 23 promueve el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Explica la arquitecta que toda la legislación urbanística española bebe de la ley de 1976, que a su vez "venía de la de 1956" y en consecuencia "responde a preguntas de mediados del siglo pasado". Nada del "contexto demográfico" de la Asturias deprimida, nada de su declive económico o de la adaptación al cambio climático... López pide a las administraciones liderazgo en la composición de un urbanismo "dinámico" que aproveche la extensa disponibilidad de información del siglo XXI, que sepa ir adaptándose a la realidad a medida que ésta cambia y se inserte en "un plan de región" a gran escala y pensado para orientar todo su futuro.

El "cambio de modelo" que reclama de su lado Marcos de Balbín exige prioridad para la adopción de la "mentalidad digital" como faro de la reforma que debe encajar la nueva legislación en el escenario "ultracolaborativo" que asume la UE. Desde su campo de trabajo del patrimonio cultural, José Ramón Fernández Molina asiente y sigue. Llama la atención sobre las "ineficiencias" de la gestión en este ámbito, habla de la "incapacidad de las administraciones para dotarse de un instrumento de regulación patrimonial completo, útil y eficaz" a escala regional y lamenta que "desde 2001 no tengamos un inventario de bienes culturales" o que parezca "como si no nos interesara". Se refiere en singular a los hórreos o a las "actuaciones sobre los pueblos deshabitados" y concluye que todo es fruto del desinterés y de la "insuficiencia de medios humanos".

A Enrique de Balbín le duele la "situación de extrema hiperregulación" que detecta en España, con sus "100.000 disposiciones legales vigentes" donde Alemania apenas cuenta 6.000 y al llegar al urbanismo denuesta el marco legal asturiano por "muy malo", porque "se ha movido muy poco desde 1956" o porque de él "la realidad está ausente". Se recrea en la parte que a su juicio desenfoca especialmente la visión del medio rural, que "no se puede tratar", afirma, "con las herramientas de la calle, la acera y el bloque". La legislación "lo llama no urbanizable. Lo insulta y nos insulta a todos" distorsionando la mirada sobre un espacio "productivo, paisajístico y habitado por ciudadanos con plenos derechos".

La convicción de que "no estamos en el momento de crecimiento" que parece pintar la ley vigente guía la percepción de Arturo Gutiérrez de Terán respecto a esa legislación obsoleta cuya reforma urgente "no tendrá ningún sentido si no se liga a una política clara de desarrollo regional donde la ordenación del territorio juega un papel determinante". El arquitecto lamenta especialmente la complejidad y los excesos burocráticos de un marco legal que en realidad está pidiendo una versión "ágil, que entienda que no debe generar problemas, sino resolverlos", y que no se enrede en los detalles. Ahora, resume una experiencia propia, real, retejar una casa puede llegar a costar año y medio de trámites.