"Es una vergüenza tener que esperar años para conseguir una licencia urbanística por el capricho o la ineptitud de algunos empleados públicos y de políticos que redactan leyes inaplicables", clamaba ayer una mujer, desesperada, al ver cómo su petición para reparar la fachada de su casa permanece atascada desde hace más de un año. "Hablan de luchar contra la despoblación, pero nos echan de los pueblos", añadió. El clamor está en la calle. Numerosas personas se han puesto en los últimos días en contacto con LA NUEVA ESPAÑA para explicar sus experiencias con la Administración, en especial con el departamento de Patrimonio de la Consejería de Cultura, pero también con Medio Ambiente, Carreteras y organismos estatales como la Confederación Hidrográfica, Costas... Casi nadie quiere dar el nombre -y algunos ni el del concejo- por temor "a represalias"; algunos hablan de una auténtica "dictadura de los funcionarios", y otros reclaman al presidente del Principado, Adrián Barbón, que empiece por arreglar "su casa, que es la de todos", la Administración autonómica.
Un "caso sangrante", revelado ayer por la exalcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández: "Una señora mayor, que vivía en un tercer piso sin ascensor, en una casa situada junto al Camino de Santiago, pidió licencia para instalarlo porque ya no podía ni salir de casa... Pues pasaron años y murió la pobre antes de que llegara el permiso de Patrimonio".
La exregidora vive en sus propias carnes esta anómala situación: su madre solicitó en junio permiso para cambiar las ventanas, por las que entra agua, de un piso que da a una calle por la que discurre el Camino de Santiago "mal trazado" (se dibujó por allí en los planos por error, como ha denunciado reiteradamente el Ayuntamiento). El permiso, atascado en Cultura, todavía no ha llegado; el agua sigue entrando. Es "un sinsentido, la Administración debe ayudar a los ciudadanos, la gente tiene que vivir", clamó.
Más casos: en la plaza riosellana de L'Atalaya, una conocida familia ovetense tiene dos viviendas, una de ellas apuntalada para evitar desprendimientos. Hace "muchísimo tiempo", años, la propiedad solicitó permiso para acometer mejoras, "respetando todo -fachada y volúmenes-, lo que redundaría en la mejora de toda esa zona histórica". Pero ese es precisamente el problema, la casa está, en el casco histórico, zona protegida, así que Patrimonio mantiene todo paralizado. Tanto así que la propiedad "creo que ya pasa y ha decidido no arreglar la casa", señaló la exalcaldesa, que comprende el hartazgo de los administrados, y que resume su sentir en una frase: "No hay derecho".
Fernández recordó también el caso de un matrimonio de un pueblo de Ribadesella, que restauró un hórreo dejándolo tal y como estaba antiguamente. Pues bien, "tuvieron que recortar todo el tejado cerca de veinte centímetros y que quitar la barandilla, la misma que había". El resultado es que los dueños, ambos mayores, ya no pueden subir al hórreo, porque sin barandilla tienen miedo a caerse. Charo Fernández señala como principales responsables a algunos funcionarios "que se creen por encima del bien y del mal y a los que les importa un carajo la gente".
Dos años tardó el propietario de un edificio en la villa riosellana en conseguir permiso para rehabilitar la fachada, pese a que suponía una enorme mejoría estética. "Les pusieron mil pegas, una de ellas, increíble, porque por ley estaban obligados a instalar una caja fuerte en la planta baja, donde tenían un negocio, y en Cultura les dieron vueltas, vueltas y más vueltas", rememoró la exregidora.
Una vecina del Occidente se lamentaba, por su lado, del "tiempo perdido" para reparar una panera. "Me marearon más de un año, así que estuve a punto de dejar que cayera. Lo de Patrimonio es una locura", añadió. Un pequeño empresario, también del Occidente, ha llegado a plantearse operar sin licencia, porque "lo ponen imposible, a veces parece que pides permiso no para arreglar una casa sino la Torre Eiffel". Le frena el miedo a una multa, ya que "para eso sí que andan rápidos", se quejó.
