El empresario astur-venezolano expropiado por el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra la República Bolivariana de Venezuela exigiendo la reparación del daño y perjuicio causado por la ocupación de su planta farmacéutica de Maracaibo desde septiembre de 2018. Raimundo Santamarta reclama "una indemnización multimillonaria, no menor de 200 millones de dólares, al Estado venezolano tras la toma de una serie de medidas discriminatorias encaminadas a obstaculizar su negocio farmacéutico, incluyendo la confiscación ilegal de los bienes de la planta de producción de SM Pharma", tal y como han explicado desde el despacho de abogados madrileño Cremades y Asociados, encargado de defender sus intereses en este complejo proceso.
Raimundo Santamarta, hijo de un ovetense que emigró tras la Guerra Civil, ya había advertido al gobierno de Maduro de su intención de reclamar por la explotación de la fábrica de Maracaibo. El acuerdo amistoso con el régimen chavista "fue imposible", por lo que finalmente ha abierto el proceso con una notificación de arbitraje.
Sus letrados acusan al estado venezolano de "despojar por completo de su inversión" al empresario con pasaporte español y se amparan en el Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela, que entró en vigor en 1997.
Los abogados de Santamarta recuerdan que su familia "invirtió en Venezuela en la década de los setenta y desarrolló un exitoso negocio farmacéutico que se expandió por todo el país". Sin embargo, "desde 2015 diversos entes y autoridades gubernamentales venezolanos han venido desplegando medidas para obstaculizar las actividades de la familia Santamarta, todas ellas discriminatorias y arbitrarias, que condujeron a la toma del control operativo de SM Pharma y, finalmente, la confiscación ilegítima de los bienes de las sociedades del grupo".
Igualmente, en su argumentario incluyen el hecho de que "el 9 de febrero de 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España emitió un comunicado por el que el Gobierno español rechazaba la expropiación de SM Pharma como empresa fundada y dirigida por una familia de origen asturiano, describiendo las acciones del Gobierno de Venezuela como una expropiación ilegal y sin fundamento". Asimismo, recuerdan, "las autoridades españolas manifestaron que dicha expropiación incumplió los compromisos adquiridos frente al Gobierno español". Un apoyo, el del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez -ahora establecido en coalición con Podemos, partido señalado desde otras fuerzas por supuestas vinculaciones con los chavistas-, con el que Santamarta "espera seguir contando". El empresario astur-venezolano declinó realizar ayer declaraciones más allá del comunicado de sus abogados con el objetivo de respetar el devenir del proceso de arbitraje abierto.
El proceso internacional se ha iniciado "bajo los auspicios del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y será decidido por un tribunal arbitral".
Raimundo Santamarta "no es el primer inversionista extranjero que sufre un tratamiento discriminatorio por parte del Gobierno Bolivariano", recalcan sus abogados, que agregan: "Ante esta situación, el sistema internacional de protección de inversiones ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad de acudir a un tribunal internacional para obtener una justa compensación por la pérdida de sus inversiones, que, de otra manera, sería prácticamente inviable".
Un laboratorio farmacéutico al 1,4% de capacidad
El arbitraje para exigir la compensación económica no es la única reclamación ante los tribunales instada por el empresario Raimundo Santamarta. El dueño de origen asturiano de un potente grupo farmacéutico con presencia en Miami y España también plantea, paralelamente, una vía penal en el Tribunal Internacional de La Haya, acusando al régimen chavista de negar al pueblo venezolano el acceso a fármacos con la ocupación de su fábrica de Maracaibo, que surtía al país de varios medicamentos. Las instalaciones expropiadas con la connivencia de Maduro están funcionando, según pudo saber este periódico, a un 1,4% de su capacidad. El laboratorio está preparado para producir hasta 94 millones de unidades de medicamentos al año y, tras su expropiación, la producción cayó a 1,3 millones.
