Un error al tramitar el expediente de despido de C. N. C., la envenenadora del Hospital de Arriondas, obliga ahora al Sespa a readmitirla en su puesto, cobrando todos los atrasos desde que fue apartada de su puesto (a razón de 71 euros diarios), según ha decidido la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En caso de que no sea readmitida, el Sespa tendrá que indemniza a la técnico de laboratorio en poco más de 51.000 euros.
C. N. C. aceptó penas que suman año y medio de cárcel en el juicio celebrado en febrero de 2018 en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, por inyectar sangre, vinagre y ácido clorhídrico en las botellas de agua de dos compañeros de trabajo a lo largo de varios meses en 2015. La Policía Judicial de la Guardia Civil la descubrió tras instalar cámaras en el hospital. Nunca se supieron los motivos de esta actitud. La mujer adujo que sufría una enfermedad mental. De hecho, se pasó todo el juicio llorando de forma desconsolada. Aparte de la pena de cárcel, la mujer aceptó pagar 6.000 euros de indemnización a cada uno de los compañeros de trabajo afectados, que si bien no sufrieron daños en su salud, sí vieron afectada su integridad moral.
El caso es que el Sespa debería haber tramitado el despido de C. N. C. en un periodo de doce meses, pero tardó cuatro meses más de lo debido. En concreto, el expediente estuvo parado entre marzo, fecha en el que el Sespa tuvo conocimiento de la condena de la empleada, y julio de 2018, momento en el que presentó el pliego de cargos contra ella. Por este motivo, la sala de lo Social del TSJA entiende que el expediente había cancelado y que el despido de la técnico de laboratorio fue por ello improcedente.
Por tanto considera que, una de dos, o es readmitida, con el abono de los salarios de tramitación calculados sobre un salario bruto diario de 71,17 euros, o debe indemnizar a la trabajadora por su despido improcedente en 51.242,40 euros. Contra esta decisión cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, posiblidad que podrían estar valorando los servicios legales del Principado.
Por el momento no ha trascendido la decisión del Sespa, aunque todo apunta a que recurrirá la sentancia y en ningún caso aceptará que la mujer sea readmitida en su puesto, dados sus antencedentes. De ser readmitida, la mujer podría solicitar su incapacidad por razones psiquiátricas, lo que le garantizaría una paga de por vida.
A pesar de su enfermedad mental, la envenenadora del Hospital de Arriondas fue contratada brevemente en una residencia de ancianos de Llanes. Al conocerse este hecho, la presión pública aconsejó que fuese apartada rápidamente del servicio.
