Los servicios jurídicos del Principado "comparten con carácter general los criterios de la Fiscalía" en el caso del presunto fraude de UGT Asturias con los fondos públicos para cursos de formación y pedirán "penas similares" para los principales encausados. La consejera portavoz del Gobierno regional, Melania Álvarez, ha adelantado esta mañana la sincronía aproximada que el escrito provisional de acusación del Principado tendrá con el que la semana pasada presentó el ministerio público, que solicita para los tres principales acusados, entre ellos el exsecretario general del sindicato, Justo Rodríguez Braga, condenas de diez años de prisión y multas equivalentes a la cantidad presuntamente defraudada, 1,17 millones de euros.

La calificación que próximamente ha de hacer el Principado como parte personada en la causa desde 2016 se parecerá mucho a esa, a tenor de lo dicho esta mañana por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, que avanzó las similitudes "sin perjuicio de las modificaciones que pudieran determinarse una vez que se practiquen las actuaciones correspondientes al juicio oral ante el juzgado que corresponda". Reiteró la portavoz del Ejecutivo regional la reivindicación de la "profesionalidad e independencia" de los servicios jurídicos autonómicos y el respeto que profesa el Gobierno por los procedimientos judiciales. "La mejor manera de demostrarlo", señaló Álvarez tras la reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno, es abstenerse de comentarios sobre el procedimiento, defender el criterio de los letrados del Principado y mantener la disposición a colaborar con la Justicia.

El Principado, no obstante, aproximará sus criterios en el proceso a los de una Fiscalía que no ha sido particularmente indulgente en las peticiones de condena. Justo Rodríguez Braga, y otros dos exmiembros de la ejecutiva del sindicato -Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio- se enfentan a esos diez años de prisión por hasta cinco delitos de fraude en subvenciones del Principado para formación. El ministerio público destaca que los tres llevaron a cabo, "en actuación concertada", una "operativa orientada al sistemático desvío" de parte de los fondos que recibió la central sindical y su fundación IFES entre 2010 y 2014 a través de sociedades vinculadas a ellas y a las que recurrían para organizar los cursos. También reclama para el sindicato una multa de 244.028 euros y la imposibilidad de obtener ayudas públicas durante cuatro años.