Los grupos de la oposición que se han pronunciado esta mañana en la Junta han dejado ver algunas dudas sobre la situación en la que queda la industria asturiana en el marco del nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Allí donde el PSOE valora que el instrumento que ha reclamado con insistencia el parlamento asturiano esté "sobre la mesa", sometido a alegaciones, su socio en el Gobierno de España ve el mecanismo escaso de "ambición" en algunos de sus puntos. La portavoz de Podemos en la Junta, Lorena Gil, observa de entrada como "un paso en positivo que el Gobierno de coalición haya alcanzado un acuerdo para presentar el texto de un estatuto que incluye medidas de calado para la industria electrointensiva asturiana". A falta de una lectura a fondo, no obstante, la diputada entiende que "hay alguna cuestión en la que se podía haber sido más ambicioso" y que tiene que ver con que las empresas beneficiarias tengan un contrato de permanencia de tres años" que a ellos se les antoja escaso, o con que "una empresa pueda aplicar un ERE de hasta el 85 por ciento de la plantilla y seguir siendo beneficiaria de ayudas".
Con carácter general, remata "este estatuto tiene que contener medidas que apuesten por la continuidad de la industria electrointensiva en Asturias y por la calidad en el empleo, que fomenten condiciones laborales dignas y eviten deslocalizaciones. Cualquier medida en esa dirección tendrá nuestro apoyo", remata. La portavoz socialista, Dolores Carcedo, precisa que el documento está "en análisis y sujeto a la participación y a las alegaciones que correspondan", pero entiende por su parte como "importante" que la medida que reclamó el reciente pleno monográfico sobre la industria asturiana en la Junta esté "encima de la mesa".
La portavoz de IU, Ángela Vallina, mantiene a falta de una lectura en profundidad la prioridad de que "se mantenga el empleo y nuestra industria pueda ser competitiva a nivel europeo" y sostiene que la ampliación del número de empresas que se pueden acoger al mecanismo "no nos importa siempre y cuando nuestras industrias se vean beneficiadas y puedan recuperar parte de la competitividad que habían perdido". A medida que se avanza hacia la derecha, aumentan las dudas de la oposición y el portavoz de Foro, Adrián Pumares, valora como "una buena noticia toda aquella que suponga reducir la tarifa eléctrica a la gran industria asturiana", pero cuestiona la diferencia que el precio de la energía en España mantiene con Francia o Alemania como un efecto de la política energética del Gobierno y mantiene que los planteamientos del Ministerio para la Transición Ecológica "perjudican gravemente a nuestra industria". Añade que "llega tarde" respecto a las promesas de plazo e insiste en que "la industria asturiana necesita seguridad jurídica, precios competitivos de la energía y medidas que le permitan garantizar el empleo".
El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, da por hecho que el mecanismo es "muy insuficiente" y que "parece que Asturias vuelve a ser la gran perjudicada" en este proceso. "Mientras en Cataluña se duplica el número de empresas que van a poder acogerse a este estatuto, en el País Vasco se duplica y en la Comunidad Valenciana se multiplica por cuatro, en Asturias vamos a pasar de trece a diecinueve. La influencia del presidente Barbón en Madrid parece muy escasa. Más bien la influencia la tienen sobre él para perjudicar a los asturianos en beneficio de otras comunidades autónomas que están sosteniendo en el Gobierno al PSOE".
