La consejera de Hacienda del Principado se interna con mucho cuidado en la valoración de las compensaciones "paliativas" que el Ministerio planteó el pasado viernes para resolver la deuda que el Estado mantiene con las autonomías desde la liquidación del IVA de 2017 Reconoce que la recibida, con compensaciones por la vía del endeudamiento y sin pago efectivo directo, "no es la respuesta deseada por las comunidades autónomas" y avanza que sigue abierta la puerta de la reclamación judicial, pero también la de la negociación, o que tampoco cree que sea imposible que al final, dialogando, el Estado pueda llegar a acceder a "abonar esas cantidades" sin más.
Compareciente a propuesta del PP en la Junta, entre reproches generalizados de la oposición por falta de "energía" y "coraje" en la exigencia de los 75 millones de euros que el Estado adeuda al Principado, Ana Cárcaba refrenó los ardores extremando la cautela. Dice no disponer aún de "los detalles más técnicos" de la propuesta -"aún no nos los han pasado por escrito"- y añade que sin ellos no debe manifestarse "con rotundidad" sobre los alivios "paliativos" de la ministra María Jesús Montero: renunciar a la transferencia directa del importe adeudado a cambio de neutralizar los posibles efectos que el gasto hecho contando con ese ingreso inexistente haya podido tener sobre el déficit de las autonomías en 2019, del acceso a créditos sin intereses y de la flexibilización de los objetivos de déficit de 2020 a 2023.
El diputado del PP Pablo González evaluó sin miramientos la oferta como una "tomadura de pelo" que vuelve del revés la carga del crédito pendiente y equivale a pedir "que lo paguemos nosotros con más deuda y más déficit". Él pide "coraje" donde Daniel Ripa (Podemos) reclama "una posición más firme" y Adrián Pumares (Foro) "energía". Se oye decir que la propuesta es "un parche", una "huida hacia delante". Laura Pérez (Ciudadanos) enseña la puerta de los tribunales también por una "cuestión de profunda carga política", Sara Álvarez (Vox) cree "irresponsable valorar como bueno un nuevo endeudamiento" y Ángela Vallina (IU) avala la vía judicial si el Gobierno de Pedro Sánchez no hace frente a su obligación de "devolver, pura y simplemente, ese dinero"?
"Unanimidad"
"Tiene lo que desearía cualquier Gobierno", se recrea Ripa, "unanimidad para reclamar esta deuda". Mucho más comedida, Cárcaba se esforzó por dejar abiertas todas las alternativas, remarcando varias veces que el Principado ya tramita el requerimiento administrativo como vía previa obligatoria al recurso judicial, pero también que de todas las autonomías que amenazaron con acudir a los tribunales sólo ha ido Madrid y que esa decisión no garantiza por sí sola resultados. También que no ve imposible un giro de los acontecimientos incluso hacia la devolución del dinero: "No damos por cerrada la negociación ni consideramos que ésta vaya a ser la única propuesta del Ministerio".
La Consejera tenía que ofrecer firmeza en la reclamación sin llegar a pisar demasiados callos en un conflicto en ciernes entre administraciones del mismo signo político y quiso explicar que hay muchos grises entre el blanco y el negro. Se escabulló, eso sí, de las preguntas sobre la repercusión que las compensaciones de Montero tendrán sobre el engorde de la deuda regional, una de las razones que en 2018 justificaron los reparos que puso el Principado a una solución similar y que siguen siendo ahora el gran caballo de batalla de la oposición. Invitó así a valorar que la eliminación del efecto que el impago de los 75 millones pudo haber tenido sobre el déficit de 2019 puede facilitar que la región cumpla el objetivo con una desviación de tres décimas sobre el tope fijado del 0,1% y expuso ante los diputados los posibles beneficios de la flexibilización de la senda de estabilidad. Se permitirá un 0,2 por ciento de déficit en 2021, se aplazará la exigencia de equilibrio pleno de 2020 a 2022 y así se puede conseguir que el Principado gaste unos 50 millones más de lo presupuestado para este año, aunque eso sólo sucederá si la regla de gasto lo permite, y esto no se sabrá hasta que haya datos oficiales sobre el cierre de 2019.
También reconoció, lo hizo su directora general de Finanzas y Economía, Mar García Salgado, que la ausencia en las cuentas de 75 millones presupuestados para 2019 no generó grandes quebrantos gracias a los remanentes de años anteriores, pero sí advirtió de que "hemos empezado este ejercicio con tensiones de tesorería superiores a las habituales" y de que "se pueden generar más si no se pone alguna solución sobre la mesa".
Cárcaba, por lo demás, volvió a valorar "positivamente" este "primer paso". Más allá del enganche previsible entre PP y PSOE a cuenta de la culpabilidad del Ejecutivo popular que amplió el plazo de pago del IVA de las empresas -pasándolo del día 20 al 30 de cada mes, lo que dejó sin liquidar una mensualidad de 2017-, la Consejera reprochó a la oposición su negativa a dar de paso los presupuestos de 2019, donde figuraban los 2.500 millones de la deuda total del Estado. "No podíamos apoyar unos presupuestos", le replicó Pablo González, "que nos devolvían 2.500 millones, pero nos quitaban 20.000 en subidas de impuestos".
