13 de febrero de 2020
13.02.2020

El Principado discrepa de Celáa: no hay que esperar a la oficialidad para crear la especialidad docente de asturiano

El Gobierno plantea la medida como "irrenunciable" y no aclara si promoverá la cooficialidad en este mandato

13.02.2020 | 14:36
La reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno.

El Gobierno del Principado no comparte con el Ministerio de Educación que sea imprescindible esperar a la cooficialidad para instituir el asturiano como especialidad docente. El Ejecutivo asturiano discrepa de la versión que la Ministra, Isabel Celáa, dio sobre el particular cuando ayer la consejera asturiana, Carmen Suárez, se reunió con ella y le entregó los documentos que solicitan la modificación de los reales decretos de 4 de noviembre de 2011 y de 8 de noviembre 2008 para que se reconozca la especialidad en Educación Primaria y Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. La portavoz del Principado, Melania Álvarez, ha planteado tras la reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno como "irrenunciable" el apuntalamiento normativo de la enseñanza del asturiano sin esperar a la cooficialidad y sin aclarar si esta medida, que el PSOE llevaba en su programa electoral, será planteada en esta legislatura. Las fuerzas políticas abiertamente partidarias, PSOE, IU y Podemos, necesitan un voto más para alcanzar en la Junta la mayoría requerida para modificar el Estatuto de Autonomía.

Esta mañana, por lo demás, el Consejo de Gobierno ha dado de paso el acuerdo por el que se determinan los servicios y programas susceptibles de ser prestados por entidades del tercer sector, que amplía en tres las prestaciones que realizan y da así el primer paso en la aplicación de la Ley de Acción Concertada aprobada por la Junta en 2019. Según la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, la norma permitirá "mantener e impulsar un modelo sostenible y cohesionado en la prestación de los servicios sociales, que pasa por la cooperación con estas entidades".

Las medidas que serán objeto de la acción concertada son todas las dirigidas a prevenir la exclusión social, promover la autonomía personal, la participación social y el desarrollo comunitario, el apoyo a las familias y a las personas dependientes, la protección a menores y a personas que no pueden valerse por sí mismas y el fomento la inserción social de quienes tienen necesidades especiales por una discapacidad. Esta regulación, según la portavoz del Gobierno, es similar a la promulgada en comunidades como Aragón, Navarra o Valencia y se ampara en la normativa europea de Contratos del Sector Público, transpuesta ya ordenamiento español en 2017. Esas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales aquellos servicios públicos que satisfacen necesidades de carácter social.

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