Podemos trasladará a la Fiscalía el informe del Tribunal de Cuentas en el que el órgano fiscalizador constata "deficiencias e irregularidades" en el reparto y justificación de los 1.786 millones de euros concedidos en subvenciones durante la aplicación de los fondos mineros entre los años 2006 y 2017, cuyo objetivo era la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón en España. También añadió que "lo más novedoso", es que se apunta a responsables políticos, estatales y también del Principado.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, replicó que "lo que se nos exige es trabajar en el ámbito político" y señaló que la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, ya advirtió de que no convenía seguir la senda de la judicialización en estas cuestiones. Evitando cuidadosamente señalar abiertamente los errores de sus predecesores -"nuestra misión no es revisar la acción de gobiernos anteriores"-, Fernández sí reconoció que el Ejecutivo que preside Adrián Barbón ha cambiado la forma de actuar en relación con los fondos mineros. "Muchas de esas consideraciones" identificadas en el informe del Tribunal de Cuentas, afirmó, "ya están siendo interiorizadas" en la gestión de los fondos a partir de este año. En concreto, "se está pidiendo información adicional sobre los proyectos que se presentan en relación con su capacidad de generar empleo y su impacto socioeconómico sobre el territorio", remarcó

Según el Tribunal de Cuentas, los fondos mineros se repartieron con un marco regulador de "excesiva ambigüedad y falta de rigor", con una "gestión escasamente orientada a alcanzar una aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos", y con un "inadecuado control" sobre la ejecución de los proyectos, cuya selección "no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar" para la reconversión de las comarcas mineras.

El diputado de Podemos Daniel Ripa y el abogado de la formación, Alberto Suárez, consideran que "por primera vez en la gestión de los fondos mineros se señala a responsables políticos que no han hecho de manera consciente un control de la gestión". En su opinión, se podría estar ante la comisión de varios delitos, como el de fraude de subvenciones públicas y malversación, entre otros.

Suárez indicó que la responsabilidad estaría centrada en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), donde estaban representantes del Estado y del Principado. Según explicó, fue en ese organismo donde hubo una "absoluta dejación de funciones, y además se cambió la normativa para favorecer a los solicitantes, tal y como se recoge en el informe", en referencia a la modificación de un Real Decreto para que el proyecto del Montepío encajase en la solicitud", señaló el letrado que Podemos.

Daniel Ripa indicó que en realidad el informe del Tribunal de Cuentas constata "lo que toda Asturias pensaba", y es "que la gestión de los fondos "fue un auténtico desastre". El diputado podemista añadió también que "es evidente que las cosas se hacían así porque el Principado quería que se hiciesen así".