En una primera aproximación, los 2.500 núcleos rurales a los que el Principado calcula que va a beneficiar con sus deducciones fiscales contra la despoblación formarían una red con presencia discontinua en unos cincuenta de los 78 concejos de la región. Son los primeros alivios tributarios específicos para zonas agrarias particularmente sensibles a la decadencia demográfica y el Gobierno regional ha decidido que se apliquen en pueblos concretos, no municipios completos, cuya vulnerabilidad y condición de destinatarios de la ayuda ha sido decretada con arreglo a una batería de criterios socioeconómicos y demográficos que han conducido a la Consejería de Hacienda hasta dos millares y medio de núcleos, todos de menos de cincuenta residentes y emplazados en aproximadamente medio centenar de concejos.

Los municipios destinatarios se cuentan en casi todos los casos entre los menos poblados de Asturias. Según una estimación preliminar de la Consejería de Hacienda, sujeta aún a cambios en el proceso de tramitación del decreto que regulará la iniciativa, en la lista de concejos con pueblos beneficiados estarán casi todos los que rebajan los 5.000 residentes -más de cuarenta de los 48 que están en total por debajo de esa cifra-, pero habrá excepciones significativas, áreas específicamente castigadas por la despoblación que están incrustadas en municipios de censo todavía superior a esa barrera, como Cangas del Narcea, Valdés o Tineo.

Los habitantes de los núcleos que se incluyan podrán optar a deducciones en la cuota autonómica del IRPF de acuerdo a un mecanismo criticado por poco ambicioso desde una parte de la oposición que ofrece cien euros por hijo a partir del segundo, mil por establecimiento como autónomo o cincuenta por gastos de transporte público.

El mecanismo de determinación de los núcleos elegidos es la única información que queda por concretar oficialmente antes de la puesta en marcha de la iniciativa, incluida con un coste de 850.000 euros en el presupuesto autonómico de 2020. Para llegar a esos aproximadamente 2.500 pueblos de menos de cincuenta habitantes que la consejera de Hacienda anunció el pasado miércoles en la Junta el análisis empezó, según fuentes del departamento, escogiendo de los 78 concejos aquellos que entre las afecciones de la crisis demográfica sufrieran al menos dos de las tres condiciones propuestas: una población total inferior a los 5.000 habitantes, una densidad por debajo de los cincuenta residentes por kilómetro cuadrado o una merma significativa del padrón en este siglo. Así es como quedaron los aproximadamente cincuenta concejos sobre los que después se acercó la lupa para encontrar los 2.500 núcleos beneficiados.

El Principado aún no aclara el volumen potencial de población total al que pueden llegar las deducciones y persevera en que la relación de áreas concernidas por las bonificaciones nace abierta a sugerencias. La relación definitiva -serán pueblos de menos de diez habitantes o de entre diez y cincuenta que hayan perdido al menos el 20% de su censo de 2000 a 2019- se someterá previsiblemente la próxima semana a información pública y como quiera que una vez superado ese proceso de aportaciones necesitará el dictamen del Consejo Consultivo, la previsión sitúa el final del proceso administrativo en el primer semestre del año, aunque las medidas surtirán efecto en todo caso a partir del 1 de enero de este año.

Los beneficiarios las computarían en las declaraciones de la renta de 2021 y la medida tendría efectos presupuestarios en 2022. Las previsiones del Gobierno hablan de bonificar hasta mil nacimientos o adopciones de segundo hijo o posteriores en la zona de referencia, así como el inicio de actividad de unos 150 trabajadores por cuenta propia y de ayudar a pagar el transporte a unas 20.000 personas.