El Grupo Parlamentario Popular lleva esta semana a la Junta el inicio de la tramitación de su proposición de ley para ampliar de dieciséis a veinte semanas los permisos de maternidad y paternidad de los empleados públicos del Principado y garantizar por ley el derecho de las médicas embarazadas a "no ser penalizadas" y seguir percibiendo sus retribuciones fijas y variables, incluidas las percepciones por las guardias, durante las bajas de maternidad. La portavoz del PP, Teresa Mallada, y la diputada Beatriz Polledo presentaron esta mañana la proposición de reforma de la ley de función pública con el apoyo explícito de la delegada del sindicato médico SIMPA, Rocío Fernández, y la presidenta de Mujeres por la Igualdad, Sonia Fernández.
Las diputadas y sus acompañantes esperan recibir el apoyo del resto de la cámara, habida cuenta de que la ronda de contactos políticos del SIMPA encontró el asentimiento de las formaciones al menos a sus propuestas contra la brecha salarial que sufren las mujeres médicas durante el embarazo y la lactancia. "Tenemos buenas sensaciones, porque nadie manifestó nada en contra", resalta Rocío Fernández. Este miércoles los grupos habrán de pronunciarse sobre la toma en consideración que dará inicio a la tramitación parlamentaria de la iniciativa. La medida tendría un coste aproximado de 1,8 millones de euros: la ampliación de las bajas a veinte semanas se estima en un millón de euros, que se aplicaría a partir del presupuesto de 2021 y la garantía de derechos retributivos de las médicas sumaría unos 800.000 más. Las cuentas del Principado para este año reservan una partida de 600.000 euros por este concepto.
