El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha prometido esta mañana en la Junta que las alegaciones con las que su Gobierno tratará de mejorar el borrador del estatuto para la industria electrointensiva llevarán dentro los intereses de las empresas afectadas en Asturias y añadió que el Ejecutivo trabaja además en contacto con otras autonomías perjudicadas. A las preguntas planteadas por los grupos en el pleno de la Junta, muy enfocadas hoy hacia la cuestión energética, Barbón remarcó en concreto que están "trabajando con la Xunta de Galicia y compartiendo información en contacto" con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "para que las alegaciones se parezcan". Tuvo el Presidente que soportar acusaciones de sometimiento a los dictados de su partido en Madrid y tuvo que volver a tratar de exponer de qué forma se resiste a ellos en defensa de "los intereses de Asturias".

Resaltó Barbón, A 24 horas del fin del plazo de alegaciones y a la pregunta de la portavoz del PP, Teresa Mallada, que su consideración de que el estatuto para los grandes consumidores de energía "es un paso adelante" muy mejorable coincide con la del presidente de la patronal del metal, Guillermo Ulacia, y reincidió sobre lo ya dicho sobre la orientación que prevé para sus alegaciones hacia la necesidad de incrementar los derechos por emisiones de CO2 que reciben las empresas, los incentivos para los contratos bilaterales de colaboración entre las industrias y las eléctricas, el ajuste en frontera para evitar la competencia desleal de la industria que produce en entornos medioambientalmente menos restrictivos... Barbón invitó varias veces a los grupos de la Junta a reflexionar sobre la "complejidad" del sistema eléctrico español y planteársela en términos de disyuntiva, eligiendo si estas compensaciones "se pagan con los presupuestos generales del Estado, y en ese caso sería paradójico que "quienes piden más ayudas son los que más critican la presión fiscal", o "a través de la tarifa eléctrica que pagan los ciudadanos".

Barbón afrontó, a preguntas de Foro, las restricciones a las plantas de cogeneración, claves para parte de la industria asturiana, apuntando que su Gobierno sigue "con preocupación esta situación" y tras ligarla con el debate sobre el estatuto de los grandes consumidores reiteró que su consejero de Industria trabaja "en contacto con la industria afectada para trasladar sus posiciones al Gobierno de España". Acusado reiteradamente de sucursalista, exhibió sus coincidencias y discrepancias con el Ejecutivo estatal socialista incluyendo entre éstas su reclamación del pago de la deuda pendiente del IVA de 2017, las alegaciones al estatuto electrointensivo o la reciente disidencia con el Ministerio de Educación respecto a la conveniencia de impulsar la especialidad docente del asturiano sin dar de paso antes la oficialidad de la llingua.

La oposición de todo signo manifestó unánime y abiertamente su decepción o profundo rechazo a la labor de la ministra para la Transición Ecológica y hasta la portavoz de IU, Ángela Vallina, dijo expresamente, "aunque estemos en el Gobierno de coalición", que Ribera "se está convirtiendo en una amenaza para nuestro futuro".

Ciudadanos llevó a la cámara el volantazo que este Gobierno del Principado ha dado a los planes de su antecesor, también socialista, respecto a la muy urgente mejora de la carretera AS-12, que recorre el valle del Navia de Coaña a Grandas de Salime. El Ejecutivo de Barbón acaba de anular los planes de la administración anterior y la reforma integral de la vía a cambio de 180 millones de euros. Dijó Barbón que seguramente sus antecesores, encabezados por el exconsejero y hoy senador Fernando Lastra tendrían "la mejor de las intenciones", pero preguntó si alguno de los grupos de la cámara "está proponiendo a este Gobierno que se salte la ley", teniendo en cuenta que la versión repetida del Ejecutivo sobre esta carretera sostiene que el modelo elegido -mediante el "peaje en sombra" y el régimen de concesión- computaría como deuda desde este ejercicio y haría a Asturias incumplir los límites de deuda, déficit y techo de gasto. Barbón, que mañana se reúne con los alcaldes de los concejos afectados, prometió "impulsar la mejora" de la carretera en consonancia con su programa electoral y con el plan autonómico de infraestructuras y "en estricto cumplimiento de la legalidad".

A la pregunta sobre el informe en el que el Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de los fondos mineros, traído hoy a la Junta por la portavoz de Podemos, Lorena Gil, Barbón reiteró que su Gobierno está incorporando esas recomendaciones sobre todo en la orientación de los fondos hacia la generación de empleo y la evaluación de su impacto socioeconómico sobre el territorio y con un "yo vivo en la cuenca" reaccionó contra "la sospecha generalizada" sobre el empleo de estos recursos, defendió a "gestores que han sido honestos" e invitó a considerar que en las comarcas mineras "hoy no estarían muchas de las infraestructuras que disfrutamos si no hubiera sido por estos fondos".