Nuevo frente en el "caso Hulla", que investiga el origen ilícito de la fortuna del exlíder sindical minero José Ángel Fernández Villa y su "mano derecha", el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo, a través de la presunta evasión de fondos públicos para la construcción del geriátrico de lujo del Montepío en Felechosa (Aller). La jueza que instruye la causa, Begoña Fernández, ha admitido en la misma las demandas de algunos propietarios de fincas expropiados en su día para la construcción del citado complejo residencial allerano. Se investigará así si estos dueños despojados de sus tierras en Felechosa con una indemnización mínima -que llevan años pleiteando, con poca fortuna hasta ahora- fueron víctimas de prevaricación, por la forma en la que se aprobó el expediente de expropiación forzosa.
Estos afectados llevan años denunciando supuestas irregularidades en la expropiación forzosa del terreno, ejecutada por el Ayuntamiento de Aller estableciendo como entidad beneficiaria al Montepío de la Minería para la construcción del geriátrico. Entre sus argumentos, las reticencias técnicas a la operación por parte de la secretaría municipal del ayuntamiento allerano. Pero, además, estos denunciantes han revelado la existencia de otro informe contrario a la fórmula establecida para la expropiación, firmado el 1 de junio de 2011 por una abogada del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado. En el mismo, la experta emite un dictamen rotundo: "Queda claro que la legislación no solo exige la necesidad del concurso para la atribución de beneficiario de la expropiación, sino que también exige unos requisitos especiales para dicha atribución". Es decir, establece que no cabía la asignación directa de los terrenos expropiados al Montepío, sino que era necesario un concurso previo.
Pese a este informe, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (Cuota) aprobó poco después, el 7 de junio, el expediente de expropiación forzosa "previo examen de los documentos que lo integran". Era el tramo final del gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces y al frente de la Cuota estaba el entonces consejero Francisco González Buendía.
Pese a la existencia del citado informe de la abogada del Principado, la Cuota admitió como válida la atribución "a dedo" de los terrenos expropiados al Montepío, negando la pertinencia de un concurso. "Además de no ser exigible en este caso, carece de sentido por la naturaleza de interés público de la actuación y la imposibilidad de prestarse en concurrencia", alegaron, haciendo suyo el argumento de los gestores del ayuntamiento allerano: la residencia era muy importante para el concejo porque iba a generar mucho empleo en Felechosa.
Los expropiados recibieron compensaciones mínimas -les pagaron el metro cuadrado a 7,06 euros- al ser fincas rústicas, que luego fueron recalificadas por el Ayuntamiento como suelo urbanizable dotacional para que el Montepío pudiese seguir ejecutando allí las obras del geriátrico de lujo ahora investigadas en el "caso Hulla". Lo que tratará de dilucidar el juzgado es si esos expropiados fueron víctimas de actos administrativos injustos.
