El Gobierno del Principado presentará contra el proyecto de rebaja de los costes eléctricos de la gran industria una batería de alegaciones que eleve las ventajas a los más grandes consumidores, de las empresas más intensivas en uso de energía. El documento que esta mañana detalló el consejero de Industria en la reunión del Consejo de Gobierno elevará al Ministerio una argumentación coincidente punto por punto con la del exigente alegato de la Xunta de Galicia, al que se ha sumado también Cantabria, y lleva dentro, afirma Enrique Fernández, "no sólo las reflexiones y análisis de los técnicos de la Consejería", sino también las demandas de "la industria y los sectores afectados por el Real Decreto". Propone en primer lugar un tratamiento diferenciado para "el consumidor altamente electrointensivo", respondiendo así a una reiterada demanda de las empresas más consumidoras y disconformes con la redacción preliminar del texto del Gobierno central, que ha sostenido hasta ahora que la UE pone "barreras infranqueables" al trato específico a la gran industria.

Se reclama singularmente "una reducción de los cargos en el límite máximo permitido por la UE y con mayor intensidad para las empresas más consumidoras" y "ajustes también en la fiscalidad que soportan las empresas electrointensivas, de modo que la rebaja en la factura eléctrica llegue a ser sustancialmente mayor que en la actual redacción del Estatuto". El documento conjunto del Principado, Galicia y Cantabria, al que Fernández no descartó esta mañana la incorporación de una autonomía más, pide un incremento en las compensaciones por los "costes indirectos" de las emisiones de CO2 que amplíe las ayudas hasta el límite máximo, de forma que alcance los trescientos millones de euros anuales y esté además "disponible en los Presupuestos Generales del Estado". Se requieren del Gobierno asimismo "más incentivos para facilitar los contratos bilaterales entre la industria y las empresas productoras de energías renovables", de suerte que la obligación de suscribirlos se aplique a los generadores eléctricos además de a los consumidores, y "la recuperación de la interrumpibilidad con el formato previo a la última subasta, así como la inclusión de las comunidades autónomas en la comisión de riesgos del mercado electrointensivo, el organismo llamado a controlar los riesgos de estos contratos".

La cuantificación de las modificaciones en la rebaja de la factura eléctrica que pide ahora el Principado se resume en la exigencia de que desde una situación de partida en la que se plantea una bajada media de 2,25 euros por megavatio hora y únicamente 0,54 para la gran industria muy consumidora de electricidad se pase a un promedio de rebaja de diez euros.

En el asunto sensible del tránsito energético, mientras tanto, la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo tener constancia de la existencia de proyectos alternativos "interesantes" para restañar las heridas provocadas por el cierre de centrales térmicas que niegan las dos con planes de cierre en Asturias -Naturgy e Iberdrola-. El consejero asturiano no quiso entrar a valorar esas declaraciones de Ribera, que "tiene más información" a este respecto, pero sí avanzó, "nos consta", que "hay algunas compañías que pueden tener proyectos". Las dos que los han negado "nos consta que los están buscando", pero en cualquier caso "hay otras que sí los tienen". Respecto al duro alegato de Alu Ibérica, propietaria de la planta aluminera de Alcoa en Avilés, confirmando que la rebaja en la factura eléctrica es insuficiente para garantizar la actividad de la factoría y sus 155 empleos, Enrique Fernández puso al Principado en el medio de una discusión en la que "las decisiones de inversión y producción corresponden a la empresa y el marco regulador compete al Ministerio. Tiene que haber un diálogo entre las dos partes y sabemos que existe", concluyó.