Los alcaldes de la cuenca del Navia sabían que era poco probable que el Principado aceptase su propuesta de retomar el proyecto que anuló en diciembre para el arreglo integral de la carretera que enhebra sus concejos. Lo que no esperaban era salir de la reunión -"que tanto tiempo llevábamos esperando", recalcaron- tan perplejos y desengañados después de no recibir del presidente del Principado ni una sola alternativa con la que poder aplacar a sus vecinos enfurecidos. Los regidores de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime, todos socialistas al igual que el ejecutivo regional, abandonaron el edificio de Presidencia "decepcionados" y "escépticos", sin más respuestas que las que ya tenían y decididos a prolongar la protesta contra el abandono de la vía que recorre su comarca, una de las más castigadas por la despoblación que carcome la Asturias agraria. Hablando por él y por todos sus compañeros, el alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla, confirmó que "seguiremos apoyando todas las movilizaciones que promuevan los vecinos, incluso nos planteamos convocarlas nosotros".

El jefe del Ejecutivo autonómico los recibió junto a su consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y el vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, aunque éste estuvo "poquito rato con nosotros" y se ausentó para ir a otra reunión. Lamentaron los regidores que los representantes del Gobierno no llevaran al encuentro más que el mismo argumentario que han repetido desde que decidieron anular el proyecto de arreglo integral promovido por sus antecesores. Les repitieron que el diseño de la actuación con la ambición y en los términos en los que la planificó el equipo del exconsejero y hoy senador socialista Fernando Lastra no es jurídicamente viable, que la propuesta de intervención de 180 millones de euros en régimen de concesión administrativa incorporaría esa cantidad a la deuda del Principado desde el primer momento, y haría que Asturias incumpliera los límites de déficit, deuda y techo de gasto. Pero lo peor para los alcaldes no es eso, que ya lo sabían, sino la sorpresa de no hallar nada a cambio: "Lo único positivo, entre comillas, es que el Presidente se comprometió a presentarnos antes de junio una alternativa", pero además de que "somos muy cautos con las promesas, porque las que nos hicieron en precampaña nos están causando mucho daño", añadieron, "lo decepcionante es que no sabemos por dónde irá esa solución".

"Ni en veinte años"

El Principado les convocó a una reunión a más de dos horas de casa para confirmarles lo que ya sabían y emplazarles a una futura solución sin concreciones. "Dicen que tienen que volver a hacer un estudio de la carretera, que debe de ser la más estudiada de Asturias", se resigna el alcalde grandalés, "pero si es necesario, que sigan?" Los vaivenes de la AS-12, convertida en peculiar campo de discusión entre socialistas -entre los que mandan ahora y los que dirigieron el Principado hasta mayo, entre los alcaldes de la comarca y sus compañeros del Ejecutivo regional-, ha llegado a un callejón sin salida desde el frenazo a aquel proyecto en régimen de concesión administrativa. "A nosotros nos da igual cómo se pague", dicen los regidores, y "claro que hemos planteado otras opciones". "Se nos dice que se intentará hacer con medios propios de la Consejería, pero si es así, la obra no se hace en veinte años", se previene Revilla, que sospecha que "el estudio que harán no va a ir en la línea" de respetar las prescripciones básicas de la ambiciosa vía rápida planteada en el diseño arrumbado.

Se fueron Barbón y Cofiño y el Principado dejó su voz en manos de la Consejera de Hacienda, que repitió lo que Barbón había dicho el día anterior en la Junta tras aceptar que "entendemos a los alcaldes y sabemos que es necesaria una inversión en esa zona". Cárcaba reitera que "el problema está en la solución que en su día se planteó", en su afección directa sobre los incumplimientos de la normativa de estabilidad y, en última instancia, en una amenaza de "intervención de las cuentas del Principado. No podemos plantear esto como una solución viable", señala. Decírselo a los alcaldes "no nos agrada a nosotros ni a ellos", pero ella se queda con que la postura fue expuesta "con claridad" y con la promesa de otra reunión para buscar una alternativa "factible desde el punto de vista jurídico y presupuestario". Los detalles, eso sí, deben salir de un análisis "en la Consejería de Infraestructuras". Porque ayer, "el objeto de la reunión no era concretar".