La renuncia del Gobierno del Principado al proyecto para vertebrar del eje del Navia mediante la reconstrucción de la AS-12 ha provocado un auténtico terremoto en el seno del PSOE asturiano y el firme rechazo de los alcaldes socialistas y los vecinos de los concejos afectados. Fue una promesa del fallecido presidente Vicente Álvarez Areces, que asumió e impulsó el Gobierno de Javier Fernández y que, en un primer momento, aceptó también el hoy jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón. Hasta tal punto que fue la única carretera incluida en el programa del PSOE para las elecciones autonómicas de 2019. Pero el Gobierno de Barbón se ha desdicho de aquel compromiso, alegando que mantener la propuesta del anterior Ejecutivo implicaría cometer una ilegalidad. La parte contraria lo niega. Determinar quién tiene razón obliga a analizar la propuesta, la licitación realizada y las legislaciones española y europea.
El anterior Gobierno licitó en 547.291 euros la redacción del estudio de viabilidad económico-financiero para la construcción, conservación y explotación de la carretera AS-12, Navia-Alto del Acebo, al considerar que era "la última deuda social" de Asturias con un territorio de la región. Dado que la obra costaría unos 180 millones (incluido el mantenimiento durante 30 años) y ante la incapacidad del Principado de asumir una deuda de tal calibre, el entonces consejero de Infraestructuras Fernando Lastra pretendía saber si era viable ejecutar el proyecto mediante una concesión administrativa: una empresa ejecutaría la obra y asumiría su financiación, y el Principado le iría pagando la inversión, el mantenimiento, los intereses y el beneficio industrial en 30 plazos, unos 10 millones al año, aproximadamente. Así, según el anterior Gobierno, no haría falta computar todo el gasto el primer año, como ocurre con las adjudicaciones de contrato y obra, sino que se computarían los pagos anuales. Y no se incumpliría el objetivo de déficit. A finales de marzo de 2019, poco antes de que comenzara la campaña electoral del 26M, Adrián Barbón y el candidato socialista por la circunscripción occidental, Marcelino Marcos Líndez, se reunieron en Illano con los alcaldes socialistas de la comarca. El asunto del día fue la mejora del eje del Navia, una demanda histórica del Occidente. Barbón se comprometió ante los regidores a continuar con la tramitación del proyecto de Lastra si resultaba elegido presidente.
Primeras reticencias
Las primeras reticencias al proyecto, ya en la anterior legislatura, partieron de la Consejería de Hacienda, en aquel tiempo encabezada por la hoy portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, que consideraba que impulsar el proyecto obligaría a imputar el primer año todo el gasto, por lo que se incumpliría el objetivo de déficit y el Ministerio de Hacienda podría intervenir al Principado. El nuevo Gobierno socialista asumió esa tesis y manifestó desde el primer minuto su rechazo a la reconstrucción de la AS-12. Tras un largo proceso administrativo acabó renunciando al estudio licitado, cuando ya habían presentado ofertas cinco empresas. Al margen de cuestiones políticas y personales, el enfrentamiento se centra por lo tanto en si el coste de una concesión como la que planeaba el anterior Ejecutivo debe computarse el primer año, "de golpe", o si, por el contrario, puede hacerse ejercicio a ejercicio, "a plazos".
Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo, es experto en esta área y ha escrito varios trabajos sobre concesiones y sobre el alcance de la directiva europea de 2014 que se refiere a este asunto y de la ley de Contratos del Sector Público de 2017, así como sobre la jurisprudencia en torno a esta materia. Ambas normativas dejan claro que la única exigencia para que la Administración pueda computar los pagos año a año es que el concesionario asuma " riesgo operacional". En el caso más habitual de concesiones con peaje en la sombra, como la AS-II, el riesgo tiene que ver con la demanda: que no haya tráfico suficiente para recuperar la inversión.
En el caso del eje del Navia el "riesgo" que debería asumir la concesionaria debe también estar al margen de una mala o buena gestión. Puede ser un riesgo "de suministro", como "que por causas ajenas a él se agote el servicio o las posibilidades de la obra concedida". Por ejemplo, que por un exceso de demanda haya atascos o que la obra no se encuentre en las condiciones fijadas en el contrato o que no alcance los estándares de calidad pactados, indicó Huergo, en consonancia con lo publicado por otros expertos, como Mirta García o Luis Castro.
La concesionaria vería de este modo disminuir las retribuciones si la obra se retrasa, si se registran atascos, si no se alcanza la velocidad media establecida, si hay cortes parciales que no sean por causas de fuerza mayor? La conclusión de Huergo, que desconoce el caso contrato del eje del Navia, es que la forma como se compute el déficit solo depende "del riesgo" que asuma el concesionario. Así que habría que ver "las cláusulas del contrato", señaló. Un contrato que en el caso del eje del Navia no existe, porque no se llegó a ese punto: no hubo concesión, ni siquiera un estudio sobre la viabilidad de ese modelo.
