La plataforma que pagó la fianza del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre hace diez años para que pudiera salir de la prisión de Villabona en libertad provisional tendrá que reclamar ahora su devolución vía judicial. El citado colectivo tendrá que entablar un litigio después de que la Sección Tercera de la Audiencia denegara inicialmente el reintegro de la fianza de 100.000 euros con el argumento de que ese dinero está retenido para pagar la multa de 400.000 euros que figura en la sentencia del exconsejero de Educación.

La plataforma había pagado la fianza de Riopedre con las aportaciones de más de doscientas personas. La media de esas aportaciones rondó los 200 euros, aunque hubo quien puso más dinero. La plataforma firmaba un documento de préstamo sin intereses y se comprometía a reintegrar la cantidad prestada cuando finalizara el procedimiento judicial. Las personas que participaron en la colecta no prestaban el dinero a Iglesias Riopedre sino a la plataforma, y fue uno de sus integrantes quien abonó la fianza en marzo de 2011.

Cuando en septiembre pasado la sentencia del caso fue firme, la plataforma reclamó la devolución de los 100.000 euros de la fianza, pero la respuesta de la Sala fue negativa. Los magistrados apuntaron que dicho dinero podía ser reclamado por la plataforma mediante la figura de "tercería de dominio", al no ser parte del proceso judicial y entender que se ha visto perjudicada por el embargo de la fianza. Ahora, la plataforma deberá entablar un pleito y, si los jueces le devuelven la fianza, no podrán recuperar la totalidad del dinero ya que una parte, sobre el 10 por ciento, será para pagar a su representante legal.

Razones humanitarias

Por otro lado, la decisión sobre la concesión del tercer grado a Riopedre, solicitada por su letrada, Anabel Prieto Torices, por razones humanitarias, podría tomarse en unos días. Ayer se conoció que el Gobierno ha rechazado conceder el indulto a otro de los condenados del "caso Marea", el empresario Alfonso Carlos Sánchez, de Apsa, que cumple una pena de dos años y ocho meses.