Los concejos del valle del Navia recaban amparo jurídico para la mejora de la carretera de la AS-12, comprometida en la anterior legislatura pero paralizada por el actual Gobierno autonómico, con el argumento de que es inviable tanto jurídica como presupuestariamente por las normas de estabilidad.
Los ayuntamientos de los cuatro municipios afectados han puesto en manos de un despacho de abogados la presentación de un recurso contencioso contra la resolución de la consejería de Fomento para paralizar dicha obra, según confirmó a LA NUEVA ESPAÑA el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla.
La posibilidad de recurrir a los tribunales cobra cuerpo después de que el Gobierno de Adrián Barbón haya confirmado en las últimas semanas que desiste de seguir adelante con un proyecto presupuestado en 180 millones de euros. Las consejerías de Transportes y Hacienda, que dirigen el vicepresidente Juan Cofiño y Ana Cárcaba, respectivamente, justificaron la paralización de dicho proyecto, comprometido por el Gobierno de Javier Fernández en la anterior legislatura y mantenido de una forma ciertamente ambigua en el programa electoral de la Federación Socialista Asturiana (FSA) para las autonómicas de 2019. "Parar la carretera del Navia es un ejercicio de responsabilidad", declaró la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en una entrevista publicada por este periódico domingo, en la que admitía que dicha decisión supone para el Ejecutivo regional tener que "asumir un coste importante".
La presentación de un recurso contencioso explorará las alternativas apuntadas por expertos para que el elevado importe de esa obra, que debía ejecutarse en una colaboración público privada, pueda imputarse en las cuentas autonómicas en varios ejercicios. El Principado sostiene que al tener que computar el grueso d la en el año de adjudicación se saltaría los límites fiscales.
