España quiere estar en la vanguardia de los países que dentro de la Unión Europea (UE) apuestan por la reducción anticipada de los gases de efecto invernadero. Es decir, acelerar al máximo posible el proceso de descarbonización, que tanto impacto genera en la economía asturiana. El jueves se reúne el Consejo de Medio Ambiente en la capital belga y abordará la propuesta del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, para impulsar el denominado Pacto Verde mediante la Ley del Clima europea.

Antes de esa reunión, Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, ha firmado con representantes de otros 11 países (Austria, Dinamarca, Francia, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia) una declaración en la que reclaman que la UE presente antes de junio un compromiso más ambicioso para la reducción de emisiones en 2030. Lo previsto en el acuerdo de París es que Europa debía reducir en ese año un 40% las emisiones que generaba en 1990. Ahora estos doce países piden que la reducción sea del 50%, o incluso del 55%, en esa fecha. Aunque en diciembre pasado los 27 alcanzaron un acuerdo sobre el Pacto Verde, varios países, y de modo destacado Polonia, son muy reticentes con la exigente reducción que plantea la Comisión. Alemania no ha firmado ese documento pero la presión de Los Verdes, que aumentan sus votantes en cada elección, hará que esté más cerca de la postura de estos países que de los que, como Polonia, República Checa o Hungría, prefieren ir más despacio.

El jueves, por tanto, se definirán las grandes líneas de esa ley que obligará a los estados miembros a aplicar medidas rigurosas en la reducción de emisiones, con consecuencias económicas que, en algunos casos como el de Asturias, afectan a su actividad industrial y económica, con impacto directo en sectores como las térmicas. Para hacer frente al fin de los combustibles fósiles la UE ha propuesto un Fondo de Transición Justa en el que está incluida nuestra región.

Sin embargo, la propuesta presentada por la Comisión para España y las regiones afectadas está por debajo de las expectativas. Ayer en Bruselas el director general de Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Javier Vila, defendió en la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas que esos fondos verdes "están mal repartidos" y que premian a algunos países como Francia e Italia, que apenas han tenido reconversiones mineras o cierre de centrales eléctricas, y castiga a otros como España, que han hecho grandes esfuerzos. En el mismo sentido se expresó en una de las comisiones del Comité de las Regiones el representante de Castilla y León, que ha hecho causa común con Asturias. En ambos casos reclaman que se tenga en cuenta la población afectada y el índice de desempleo, entre otros datos, para favorecer a las regiones que ya han hecho los deberes, como son las españolas.

El Fondo de Transición Justa, dotado en principio con 7.500 millones de euros, prevé el reparto mínimo de 6 euros por habitante para cada país con independencia de su situación energética, aparte de considerar otros datos. Los dos países que recibirán más cantidades son Polonia (2.000 millones de euros, tope máximo) y Alemania, que todavía mantienen una intensa actividad minera y generan electricidad por la quema de carbón. A España le corresponde el 4% del Fondo, unos 300 millones de euros.