Las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras de pago han vuelto a la carga: insisten en que es necesario cobrar a los usuarios en todas las autovías y autopistas de la red estatal. Y si hace cuatro meses hablaban de un peaje de 3 céntimos por kilómetro a los turismos y 14 a los vehículos pesados, ahora han elevado el órdago: reclaman al Estado que establezca un cobro de 9 céntimos por kilómetro a los coches y 19 a los camiones. Traducido: viajar en coche de Oviedo a Gijón por la "Y" costaría 2,5 euros; utilizar las autovías entre Oviedo y Llanes o entre Luarca y la capital asturiana implicaría un desembolso de unos 9 euros, y atravesar Asturias por la autovía del Cantábrico, desde el límite con Cantabria hasta el puente de Todos los Santos que comunica con Galicia, obligaría a pagar 21 euros. Y los camioneros tendrían que abonar más del doble en todos los casos.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), en todo caso, no aclara si al implantar peajes en toda la red se rescatarían las actuales autopistas de peaje, entre las que se encuentra la única comunicación por vía rápida de Asturias con la Meseta, la autopista del Huerna (AP-66, León-Campomanes), que es la segunda más cara por kilómetro de España, solo por detrás de la del Guadarrama, vía de pago que también sufren los asturianos cuando viajan a Madrid. Si se eliminaran los peajes del Huerna y Guadarrama se cobraran los 9 céntimos por kilómetro que demanda Seopan, el viaje a la capital de España desde Oviedo implicaría un desembolso de algo más de 40 euros. En la actualidad los turismos pagan 13,50 euros en el Huerna y 12,90 en Guadarrama. Total, 26,40 euros.
La patronal de las concesionarias quiere que sean de pago los 14.130 kilómetros de autovías y autopistas de la red estatal. La patronal del sector calcula que de este modo el Estado recaudaría 4.827 millones de euros al año en peajes y 4.698 millones en impuestos, con los que podría costear la conservación de toda la red y garantizar su sostenibilidad. Se compensarían así también los 103.000 millones de euros de inversión necesaria en infraestructuras en España, según los cálculos realizados por Seopan, para alcanzar los objetivos medioambientales que exige la ONU para el año 2030. Seopan pretende relanzar el debate que ya suscitó el año pasado, cuando propuso por primera vez que todas las autovías españolas fueran de pago.
El planteamiento de Seopan ya fue bien recibido el año pasado por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien en varias ocasiones se alineó con la patronal al subrayar la necesidad de buscar el consenso político para buscar una fórmula de pago que asegure el mantenimiento de toda la red estatal de autovías y autopistas, cuyo mantenimiento supone un desembolso anual de 1.100 millones de euros. Una cantidad que, según Ábalos, no puede ser asumida a través de los Presupuestos Generales del Estado. Menos aún tras no renovar el Gobierno socialista las concesiones de las autopistas de peaje que van venciendo, lo que ha provocado que el Estado haya tenido que asumir la gestión y el mantenimiento de varios tramos (principalmente en el acceso al País Vasco desde la Meseta, Cataluña, Valencia y Andalucía), así como los nueve cuyas concesionarias quebraron.
La propuesta de la patronal constructora generó ya el año pasado el frontal rechazo de los transportistas por carretera, que auguran el hundimiento del sector si sale adelante la propuesta. Pero las concesionarias insisten en que todos los países de la Unión Europea cobran o cobrarán en breve por el uso de las autovías. Otro argumento a favor: el peaje quizá lograría rebajar la utilización del coche y fomentar el uso del transporte colectivo, en especial del tren, considerado el medio más sostenible y menos contaminante.
Pero el debate no era nuevo ni siquiera el año pasado. Las grandes constructoras reclamaron ya en 2011 subir la gasolina y el gasóleo entre 3 y 5 céntimos con idéntico objetivo.
