Una ley necesaria pero que deja muchas dudas sobre su efectividad y su futura aplicación, además de un reguero de críticas por la indeterminación en las penas, el riesgo de poner en duda la presunción de inocencia, descoordinación, errores y duplicidades con otras leyes. Eso, y que deja muchas cuestiones a la interpretación de los jueces. Así valoran los juristas el anteproyecto de la nueva ley de libertad sexual impulsada por el Consejo de Ministros y redactada por el equipo de la ministra de Igualdad Irene Montero. La nueva legislación, que aún tendrá que pasar la revisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el correspondiente trámite parlamentario, elimina el abuso sexual y sólo contempla la agresión sexual, y la violación si existe penetración. Pero también condena, por ejemplo, el piropo y la mirada lasciva. Se hace hincapié en que "sólo el sí es sí".
"Es falso que esta ley cree inseguridad jurídica. Lo que ha hecho Igualdad es sencillamente adaptar el convenio de Estambul que establece que los delitos sexuales tienen que tener un tratamiento específico", señala Auxiliadora Díaz, miembro del grupo de expertos del Poder Judicial que deberá revisar la regulación.
"El borrador del anteproyecto establece diferentes penas según los delitos que se cometan. Se puede condenar a dos años, cinco o 15", argumenta Díaz. La jurista quiere dejar claro también que es falso que en estos casos se invierta la carga de la prueba. "Existe la presunción de inocencia. No hace falta que para que no se haya cometido un delito la mujer tenga que mostrar un consentimiento expreso por escrito", concluye.
Pero no todas las juristas están a favor de imponer nuevas leyes. Ana González, abogada de la asociación de mujeres violadas Cavasym, aboga por dotar de medios la legislación que ya existe. "Tiene que haber, si se considera oportuno, un gran cambio en el Código Penal en general", afirma la letrada mostrándose cauta "hasta conocer la firmeza final de esta propuesta que ahora impulsa el gobierno". "Sí que es verdad que teníamos que definir mejor los delitos de libertad sexual para no dejar huecos a la interpretación, pero no sabemos todavía muy bien cómo se va a hacer. No me parece bien que los casos se lleven a los juzgados de violencia de género porque están saturados. Necesitamos más medios. No sirve de nada que haya nuevas leyes si los informes psicosociales tardan meses. Más que leyes necesitamos medios", señala la gijonesa. Para González es fundamental que se garantice que funcionan las videoconferencias en juicios o que los juzgados tengan salas dignas en las que tomar declaración a las mujeres que sufren un abuso sexual", sentencia.
La idea de que se necesitaba definir mejor los delitos y defender con más fuerza a las víctimas también la apoya Ignacio González, de Jueces para la Democracia. Lo que duda este jurista es si la nueva legislación de la ministra Montero "podría ser más respetuosa con el principio de proporcionalidad". "La falta de consentimiento es muy amplia y puede deberse a muchas causas. Creemos que para que exista una respuesta jurídica proporcionada deberían introducirse matices en los ataques a la libertad", argumenta negando, no obstante, que se esté atacando a la presunción de inocencia. "Ese es un derecho constitucional contra el que nadie se ha manifestado. Es la acusación la que tiene que demostrar que la víctima no ha dado el consentimiento. Invertir la carga de la prueba no sería constitucional", matiza.
Agresión en la pareja
Javier Teruelo, catedrático de Derecho Penal, experto en violencia de género y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, rechaza que la nueva ley ataque a la presunción de inocencia. "En los casos de agresión sexual, la víctima dice que la relación sexual no fue consentida y el agresor dice que sí , y el juez tiene que averiguar la verdad basándose en las pruebas. Y tengo la impresión de que eso va a seguir siendo así. El cambio es más sobre el papel que en la práctica real", afirma. El principal apoyo de Teruelo a la nueva ley se centra en la desaparición del abuso sexual por prevalimiento y a la introducción de delitos como forma de violencia de género a la pareja o expareja, con una regulación específica y penas más graves.
El jurista y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Javier Junceda duda de que esta ley "supere el test de constitucionalidad, porque en asuntos de igualdad, el Constitucional ya ha advertido de que no se puede trasladar el perjuicio de un género al otro, de la mujer al hombre". Y añade que "el principio de la presunción de inocencia va a convertirse en la presunción de la indecencia. Todos los hombres seremos indecentes salvo que demostremos lo contrario". Muy crítico con el anteproyecto de ley de igualdad sexual, Junceda advierte de que "tal y como se plantea, se lleva por delante de un plumazo el ordenamiento jurídico-penal". En su opinión, "se ha llevado la ideología a un anteproyecto de ley que afecta a una sociedad plural", y que " está plagado de indeterminaciones a la hora de establecer las penas. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que dice de los piropos y las miradas? Creo que es una barbaridad".
