"No hace falta decir lo que ya se sabe". La fiscal superior del Principado reincide en las dudas manifestadas desde una parte de los operadores judiciales sobre la efectividad o la utilidad de algunos de los preceptos que incluye la nueva ley de igualdad sexual que ha dado la salida legislativa a la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. "El único consentimiento válido" para mantener relaciones sexuales "ya era el expreso y claro", apunta Esther Fernández, que reincide en que tal vez no hacía falta aclararlo en el nuevo texto. "Los demás ya no eran válidos" y "sin consentimiento ya era delito". Ponerlo "es redundar en algo que ya existía" y cambia poco, a su juicio, en la compleja tarea de determinar la comisión de este tipo de delitos.
"Al final va a ser lo mismo", resalta, el problema sigue siendo el mismo "la interpretación", "las pruebas", "demostrar si existió ese consentimiento, si hubo delito o no". En su primera evaluación del controvertido anteproyecto del texto legal, Esther Fernández se suma a las críticas de sus colegas de la Asociación de Fiscales y anota igualmente deficiencias "técnicas" en el documento elaborado por el Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero. Los representantes del colectivo han evidenciado defectos en una reforma legal que, a su juicio, "rebaja sustancialmente las penas" y advierte del riesgo de generar inseguridad jurídica.
