07 de marzo de 2020
07.03.2020

"Entiendo a la familia de Sheila Barrero, pero el informe de la fiscal es adecuado y contundente"

07.03.2020 | 00:14

La obsolescencia de los edificios judiciales asturianos, y más concretamente los defectos de diseño que amenazan la custodia de los datos, "me tienen que no duermo". La fiscal superior del Principado se preocupa cuando mira a su alrededor y ve "armarios que son estanterías", "cristaleras abiertas por las que se ve lo que hay dentro, pasillos por los que todo el mundo deambula con los Juzgados a los lados" y en la Audiencia Provincial un único ascensor y un solo flujo de circulación de personas y documentos donde debería haber al menos tres. En la Junta, adonde fue requerida con inexplicable retraso para informar sobre la Memoria de la Fiscalía de 2018, Esther Fernández puso ante los ojos de los diputados la falta de acoplamiento entre la planta judicial asturiana y los exigentes requisitos de la Ley de Protección de Datos. Y hablando de los déficits de modernización que arrastran los edificios, más allá del eterno debate sobre la dispersión de sedes en Oviedo, advirtió de que ha reclamado al Gobierno del Principado de una auditoría externa que analice estas cuestiones y localice "las grietas por las que se nos puede colar un dato".

Llegará el expediente digital, sí, y además su entrada en los Juzgados asturianos está prevista inicialmente para este mismo mes de marzo, pero "se digitaliza lo nuevo. El expediente digital va a coincidir con el papel y el papel hay que protegerlo de miradas ajenas?" "Deberíamos empezar a plantearnos las obras de unos nuevos edificios", concluye, o al menos "empezar a querer hacerlo".

El de la obsolescencia de los medios es un asunto de rebrote recurrente en las comparecencias de la fiscal superior en la Junta. Ayer, de hecho, recordó haber dicho ya en su primera comparecencia en el cargo, en 2013, que la diseminación de las sedes judiciales en siete edificios de Oviedo, algunos separados por cuatro kilómetros, "es un despropósito". No ya por la propia incomodidad, precisa, "que eso es lo de menos". Por el coste, "por optimización de medios, porque si tengo que tener en cada punto alguien que reciba un papel me obligan a duplicar el personal, con la escasez de funcionarios que tenemos, o a efectuar viajes constantes".

Llega por esa petición de unificación de sedes hasta otro de sus asuntos recurrentes, la limitación del personal y el problema "vital" del aumento de plantilla en la Fiscalía. "Me quejo muchísimo de que las plantillas de fiscales son escasas. La situación está a punto de estallar en Avilés, donde son seis y no dan para todo el trabajo que tienen". En su dependencia bicéfala, del Ministerio y del Principado, eso es competencia del Estado, pero "si pudieran presionar un poquito, si me echaran una manita..." Esther Fernández se dirigía a los diputados hablando también de su demanda al Gobierno central del "desdoblamiento de la Fiscalía Superior y la consiguiente creación de la Fiscalía Provincial", como ya sucede en todas las autonomías salvo en seis. En Asturias, no. Eso duplica sus funciones, le asigna tareas que no le corresponden y evidencia las deficiencias del ministerio público en materia de personal: "Hay cosas que ya ni las hago, como el registro de los delitos leves".

En esta cadena, que requiere "la puesta en marcha de la Oficina Fiscal y la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior, con la creación de nuevas figuras como un gestor del personal de la oficina o un encargado de la gestión informática", Fernández lamenta que el retraso en el desdoblamiento haya servido al Principado como coartada para evitar la creación de más plazas, con lo que el trabajo se multiplica mientras la plantilla "es la misma desde hace muchos años" y a su frente ella hace "con lo que tengo lo que puedo".

"Es el momento del cambio", proclamó la fiscal superior, remitiéndose también al que se le avecina al ministerio público como encargado de la instrucción de las causas penales. "Para lograrlo con éxito", dijo, "se precisará una regulación concienzuda de la institución, fortaleciendo su independencia y erradicando cualquier sospecha de influencia del poder ejecutivo". Reclamó en este punto "una reforma integral del procedimiento penal", algo más que el mero cambio de jueces por fiscales al frente de las instrucciones. "Si esa reforma se hace de verdad, lo vamos a hacer fenomenal", resaltó.

En su análisis parlamentario retrasado sobre la criminalidad en el Principado en 2018 -cuando ya tiene avanzada la Memoria de 2019-, Esther Fernández volvió sobre el asunto conocido del récord de 314 que en ese año alcanzaron los delitos contra la libertad sexual. Destacó el incremento de causas con víctimas menores de edad relacionadas con las conversaciones de contenido sexual a través de las redes sociales y resaltó que estas, "mal utilizadas, son peligrosísimas". En el territorio de la violencia de género, la fiscal superior ha detectado "algún caso de denuncia falsa, pero tampoco escandaloso", ninguno "relevante" de mujeres hacia hombres y "un porcentaje mínimo de denuncias presentadas por el entorno de la víctima", que ella relaciona "en unos casos con que no se han enterado y en otros con que sigue siendo un tema tabú". Pide además la colaboración de los centros educativos para la detección de estos casos a través de la observación de "actitudes extrañas en los niños".

En el ámbito de los nuevos modos de delincuencia, la fiscal vuelve a resaltar el incremento de los casos de violencia de hijos contra padres o abuelos; en el de la corrupción, que experimentó asimismo un incremento de casos en 2018, Esther Fernández no ve tanto una progresión en la comisión de delitos como "una mayor sensibilidad por denunciar estos hechos". Lo percibe incluso en carne propia, porque ella misma recibe con cierta frecuencia "anónimos, correos electrónicos y denuncias genéricas contra todo y contra todos. Y tampoco es eso. No se trata ni de callarnos ni de denunciar a diestro y siniestro y pretender que la Fiscalía se convierta en controlador o inspector".

La Memoria de 2018 guarda un importante capítulo específico para los delitos de trata de seres humanos y los problemas para su persecución, entre ellos "los subterfugios fraudulentos de los dueños de negocios de prostitución, como la constitución de cooperativas en las que las prostitutas se dan de alta como autónomas en la Seguridad Social" o el freno para la colaboración que deriva de la exigencia de que "se deba dar la identidad y los datos personales de los testigos protegidos". A las mujeres víctimas de trata "que van a denunciar", concreta, "se les abre expediente administrativo si están irregulares en España, lo que pone muchas trabas al hecho de que acudan a denunciar".

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