El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA celebra mañana a las siete de la tarde, en la Casa de Cultura de Luarca, un Conceyu Abiertu para hablar del futuro de la ganadería asturiana, ante la oleada de protestas que vive el campo para reclamar precios justos y mayor respeto al papel social que desempeñan los profesionales del campo.

En la mesa se sentarán Ramón Artime, presidente de Asaja; Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG; José Ramón García Alba (Pachón), secretario general de UCA, y Óscar Pérez, alcalde de Valdés, uno de los municipios que lideran la producción lechera en Asturias y donde se ubican muchas de las explotaciones punteras en la región. Todos coinciden en la necesidad de fomentar el relevo generacional e incentivar las actividades agrarias.

Las organizaciones expondrán sus peticiones y también su punto de vista ante las medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura para templar los ánimos en el sector agrario español, que también se enfrenta al reto de atraer población y mantener a los que ya viven en las zonas rurales. El alcalde valdesano se referirá a esos nuevos retos, partiendo del ejemplo concreto del municipio, donde alrededor de Luarca, la villa, capital del concejo, pivotan pueblos con una intensa vida agraria.

El campo asturiano, con menos de 1.400 ganaderos de leche y apenas 7.000 de carne, tiene ahora la mirada puesta en la reforma de la PAC y en la búsqueda de promoción para sus productos. A tenor de los acontecimientos está claro que si 2019 fue el año en el que el mundo urbano volvió los ojos al campo para tomar conciencia del abandono de la actividad y el despoblamiento que cercena y golpea a las aldeas asturianas, 2020 será un año clave para sentar las bases de un nuevo modelo productivo y social destinado a configurar un marco rural atractivo, rentable y con futuro. La hoja de ruta la marcará, una vez más, la reforma de la Política Agraria Comunitaria, que enseña el rumbo a los gobiernos, y que en esta ocasión, si nada lo remedia, vaciará aún más las arcas de las ganaderías regionales, que reciben de las ayudas de Bruselas el 35% de su renta neta.